Polémica en la UNR por documental pro-Palestina: rector pidió disculpas y Coad rechazó la presión nacional

Una proyección cinematográfica en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR derivó en una crisis institucional que escaló hasta la Casa Rosada. El documental «La Gran Palestina», exhibido el 1° de julio en el aula 303 C, encendió una polémica que involucró al propio presidente Javier Milei, al Ministerio de Capital Humano y al gremio docente universitario Coad, y que terminó con el rector de la casa de estudios pidiendo disculpas públicas y ordenando una investigación interna.

El film en cuestión es una producción de 2025 del cineasta mexicano Rafael Rangel, realizada en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica. Narra la guerra en Gaza desde la perspectiva palestina. La jornada incluyó además el análisis de la licenciada en filosofía Silvana Rabinovich y del profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea Federico Donner, ambos vinculados a la UNR.

La reacción del gobierno nacional no tardó. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta al rector Franco Bartolacci exigiendo «las medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se repita este repudiable accionar» y que se aplicaran «las sanciones que correspondan». El texto fue amplificado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y luego el propio Milei intervino en redes sociales: «La UNR y Propaganda Terrorista. Esperemos que Bartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la UNR es para fomentar el terrorismo», escribió el mandatario.

Bartolacci respondió en menos de 24 horas. En una carta dirigida a Álvarez —que también difundió Pettovello— el rector aclaró que la proyección «no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR» y extendió disculpas a la comunidad judía argentina, con la que afirmó haberse comunicado directamente. El funcionario, que también preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), instruyó al área jurídica de la universidad a «iniciar acciones que permitan determinar las responsabilidades del caso» y notificó a la Facultad de Humanidades para que eventos similares «no vuelvan a suceder».

Sin embargo, Bartolacci también marcó un límite conceptual: «La universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas y del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero no puede convalidar el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos». Y cerró reafirmando que «la UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo».

La respuesta del gremio docente fue contundente. La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) calificó de «inadmisibles las maniobras de amedrentamiento» impulsadas tanto por Milei como por el subsecretario Álvarez, y advirtió que no tolerará lo que denominó una «policía del pensamiento» dentro de la universidad pública. La postura del gremio abre un nuevo frente de tensión: mientras el rector intentó descomprimir la situación con disculpas y medidas administrativas, los docentes organizados rechazan de plano cualquier injerencia del Ejecutivo nacional en la vida académica.

El episodio reaviva un debate de fondo sobre los límites de la autonomía universitaria, la libertad de expresión en los claustros y el rol del Estado nacional frente a contenidos que considera problemáticos. La UNR, con más de 80.000 estudiantes y una larga tradición de activismo político, vuelve a estar en el centro de una disputa que excede ampliamente las paredes de Humanidades y Artes. Lo que comenzó como una proyección en un aula terminó convertido en un caso testigo sobre hasta dónde llega —o debería llegar— la presión del poder político sobre la academia.