El ajuste de Milei golpea educación, obras y jubilaciones: 32% menos en términos reales

Lo que el gobierno de Javier Milei llama "el ajuste más grande de la historia" tiene nombre y apellido cuando se miran los números en detalle: educación recortada, obras paralizadas, jubilados con menos, y provincias que quedaron solas frente a la tormenta. A poco más de mil días de gestión, los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) pintan un cuadro que va mucho más allá del superávit fiscal que el Ejecutivo exhibe como trofeo.

Las contracciones interanuales del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) promedian una baja cercana al 32 por ciento en términos reales. Acumulado en tres años, eso representa una caída de 14 puntos porcentuales del PBI. No es un número abstracto: es infraestructura que no se construyó, chicos que no tuvieron computadoras, jubilados que perdieron poder adquisitivo, y familias vulnerables que quedaron sin red.

El rubro que más sangró es el de las transferencias corrientes a provincias y municipios, con un derrumbe real acumulado del 86,6 por ciento. Una partida que antes representaba casi el 6 por ciento del gasto primario total prácticamente desapareció del esquema de giros nacionales. Las provincias, que históricamente dependían de ese cofinanciamiento para sostener programas sociales y obras locales, quedaron con las manos vacías y la responsabilidad intacta.

La obra pública no corrió mejor suerte. La partida de bienes de uso —donde se registra la ejecución de infraestructura financiada por el Estado nacional— se desplomó un 83,6 por ciento en términos reales. Se suspendieron licitaciones, se neutralizaron contratos en ejecución y se frenó la construcción de rutas, puentes, redes de agua potable, cloacas, viviendas sociales y ampliación de escuelas y universidades. El costo no fue solo patrimonial: se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo directos en la construcción, y varias provincias debieron endeudarse para no dejar las obras a mitad de camino.

¿Cuánto vale una ruta que no se termina? ¿Cuánto cuesta una escuela que no se construye? Son preguntas que el discurso del equilibrio fiscal no responde, pero que los intendentes del interior conocen de memoria.

En el sistema educativo, el impacto fue igualmente severo. Las transferencias a las universidades nacionales registraron una contracción real acumulada del 39,7 por ciento, representando el 5 por ciento de la explicación total de la baja del gasto público nacional según el IARAF. Pero el ajuste no se limitó al nivel superior: también se licuaron programas nacionales de apoyo pedagógico, se paralizó el financiamiento para equipamiento tecnológico y se interrumpió el sostenimiento de infraestructura escolar en todo el país.

El análisis del IARAF se realizó sobre el gasto devengado, que explica aproximadamente el 85 por ciento del gasto del Sector Público nacional, y fue elaborado de cara al proyecto de presupuesto 2027 que el Ejecutivo enviará al Congreso el 15 de septiembre. La pregunta que flota en el ambiente político es si el Gobierno repetirá la receta o si, con el ciclo electoral encima, decidirá aflojar la motosierra en algunos rubros estratégicos.

Lo que el informe describe como un esquema de "ajuste indirecto" tiene una lógica perversa: las decisiones de caja del Tesoro trasladaron el costo de la consolidación fiscal a la gestión cotidiana de las provincias y a la contención social en el territorio. Como un perro que se muerde la cola, los recortes acumulados anuncian más recesión, menos recaudación y, en consecuencia, menos margen para sostener el equilibrio que se proclama como logro.

El presupuesto 2027 será la primera prueba real de si el libertarismo tiene un plan B, o si la motosierra es el único instrumento en la caja de herramientas.