Bono para jubilados: sigue congelado y ya perdió 70% de su valor

El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida mantiene el refuerzo sin actualización por inflación desde marzo de 2024.

Según los datos relevados a finales de octubre de 2026, el extra acumuló 32 meses consecutivos de congelamiento y perdió 70% de su capacidad de compra original. La licuación responde al ritmo inflacionario registrado por el Indec.

En el período desde marzo de 2024 hasta el último registro estadístico, los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%. Para recuperar el mismo valor adquisitivo inicial, los $70.000 nominales deberían trepar hoy hasta los $231.253.

Esa brecha implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo estaría dejando de recibir $161.253 por mes por la falta de actualización del refuerzo. El impacto se concentra en la escala más baja del sistema previsional.

La pérdida de protagonismo del bono también se refleja en su peso relativo dentro del ingreso de los adultos mayores. En marzo de 2024, el concepto extra equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima.

Con la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, el haber base se elevó a $444.158,46. En ese marco, el bono de $70.000 pasó a representar apenas el 13,6% del total percibido, lo que fija un ingreso bruto final de $514.158,45.

Si bien el haber base se actualiza de manera mensual atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago, la decisión de mantener el bono clavado en $70.000 desnuda un desfasaje estructural en la pirámide previsional.

Al no acompañar la suba de los precios generales ni la de los propios haberes de base, la asistencia estatal pierde eficacia como herramienta de contención social. Los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o directamente por debajo de la Canasta Básica Total medida por el INDEC.

Los reclamos en el ámbito judicial y los informes del sector advierten que la confiscatoriedad del bono congelado profundiza el deterioro de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El esquema deja en evidencia un problema de diseño: el haber base se corrige con inflación con dos meses de rezago, mientras que el bono permanece fijo en $70.000. Esa combinación reduce el alivio inicial y convierte el refuerzo en un componente cada vez más marginal del ingreso total.

En términos prácticos, el bono ya no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en más de dos años. El dato refuerza el debate sobre la necesidad de revisar el mecanismo de actualización de los refuerzos para los jubilados de menores haberes.