Legislatura de Santa Fe interviene en el escándalo inmobiliario Pilay
Diputados provinciales recibieron a ahorristas afectados por los incumplimientos de la desarrolladora Pilay y pidieron la intervención del gobierno santafesino. El conflicto ya afecta a cientos de familias que esperan sus viviendas tras 20 años de pagos.
El escándalo de la desarrolladora Pilay finalmente llegó donde debía: a la Legislatura de Santa Fe. Después de años de promesas incumplidas y ahorristas estafados, los diputados provinciales recibieron este miércoles a una delegación de damnificados que reclaman la intervención urgente del gobierno provincial.
Según informó Rosario3, legisladores de la Comisión de Vivienda y Urbanismo escucharon los testimonios de los "Autoconvocados contra los Incumplimientos de Pilay" de Rosario y Santa Fe, junto a miembros del Cesyac, la entidad de defensa del consumidor que acompaña a los afectados.
La situación es dramática: familias que durante 20 años pagaron religiosamente sus cuotas se encuentran sin las viviendas prometidas, víctimas de una empresa que modificó unilateralmente las condiciones originales de los contratos. Los legisladores, finalmente despiertos ante la magnitud del problema, adelantaron que solicitarán al órgano provincial de defensa del consumidor que "actúe en consecuencia".
El diputado Miguel Rabbia presentó el 31 de marzo un proyecto de comunicación que pone el dedo en la llaga: solicita la intervención del Poder Ejecutivo provincial para que actúe como mediador ante los reclamos por incumplimientos de Pilay S.A. y sus empresas vinculadas. "Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual", sostuvo el legislador.
La audiencia contó con la presencia de diputados de diversos bloques: Rosana Bellatti (presidenta de la comisión, Bloque Socialista), Claudio Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía), Juan José Piedra Buena (Barrio para la Gente), Sergio Rojas (Bloque Socialista) y Ariel Bermúdez (Bloque Creo).
El conflicto expone las graves falencias del sistema de control estatal sobre las desarrolladoras inmobiliarias. Mientras las familias santafesinas sufren las consecuencias de décadas de desregulación y falta de supervisión, la clase política recién ahora descubre que existe un problema que afecta a "un número significativo" de ciudadanos.
Los legisladores se comprometieron a citar a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior para que intervengan. Habrá que ver si esta vez la burocracia estatal logra algo más que generar expedientes y reuniones. Los ahorristas, después de dos décadas de espera, merecen respuestas concretas, no más promesas políticas.