Usura y juego clandestino: el drama del endeudamiento en barrios de Santa Fe

Hay una Argentina que no accede a ningún banco, que no tiene recibo de sueldo y que, cuando necesita plata para darle de comer a sus hijos, llama a quien tiene el número guardado en el teléfono: el prestamista del barrio. En muchos casos, ese prestamista es el mismo que vende droga a la vuelta. Eso no es una metáfora. Es la realidad que describe Claudia Albornoz, referente barrial santafesina, y que los números de la Federación de Bancos confirman con frialdad: Argentina encabeza el ranking de deuda y morosidad de Latinoamérica.

Albornoz lo expuso esta semana en el programa De 12 a 14 de El Tres con una claridad que incomoda. Las protagonistas de esta crisis silenciosa son, en su mayoría, mujeres jefas de hogar en barrios populares de la provincia. Sin acceso al sistema financiero formal —porque la informalidad laboral las excluye de entrada— recurren a créditos informales para cubrir lo básico: comida, ropa, útiles escolares. El costo de ese dinero fácil lo pagan caro.

La mecánica es brutal en su simpleza. Los prestamistas, muchas veces ligados al narcomenudeo, retienen las tarjetas de la Asignación Universal por Hijo como garantía del préstamo. Cuando la deuda se vuelve impagable —y con tasas usurarias siempre lo es— las opciones que le presentan a la deudora son dos: entregar la vivienda o sumarse a la venta de cocaína para saldar el monto. Así es como el endeudamiento informal se convierte en una puerta de entrada al delito, y así es como crece el narcomenudeo en los barrios más vulnerables de Santa Fe.

Pero el problema no termina ahí. En paralelo a esta dinámica de usura, las comunidades enfrentan otro fenómeno que se instaló sin que nadie lo vea venir: los casinos virtuales clandestinos. La figura que los sostiene es la de las "cajeras": vecinas jóvenes que, para ganarse unos pesos diarios, reclutan a otras mujeres en comedores y espacios comunitarios. Las enseñan a cargar fichas y apostar a través de enlaces de WhatsApp. La ludopatía digital, que en los sectores medios se asocia a plataformas conocidas, en los barrios populares opera en la clandestinidad más absoluta, sin regulación ni control estatal.

La combinación de crédito informal, usura y juego clandestino configura un entramado de extorsión que vulnera sistemáticamente a los sectores más desprotegidos. No es casualidad ni es nuevo: es la consecuencia lógica de años de exclusión financiera y ausencia del Estado en los territorios. Lo que sí es relativamente nuevo es la escala que alcanzó el problema.

Los datos son contundentes. Según la Federación de Bancos, en Argentina hay cerca de 20 millones de personas endeudadas y otros 6 millones en situación de mora. Mientras en los sectores medios el endeudamiento se canaliza a través de tarjetas bancarias y billeteras virtuales, en los barrios populares la informalidad lo lleva a un terreno donde no hay regulación, no hay defensa del consumidor y no hay juez que ampare a la deudora.

El tema llegó, finalmente, al Congreso. Este miércoles la oposición logró forzar en la Cámara de Diputados una sesión especial sobre endeudamiento familiar, que se realizará el próximo 9 de septiembre. Los proyectos apuntan a regular las tarjetas bancarias, las billeteras virtuales y las tarjetas no bancarias, y a establecer mecanismos de protección para familias en situación de mora. El Gobierno nacional, por su parte, viene minimizando la problemática al encuadrarla como un asunto entre privados, una postura que desde los barrios populares suena, cuanto menos, a cinismo.

La pregunta que queda flotando es si la política, que recién ahora descubre este drama en los pasillos del Congreso, llegará a tiempo para las mujeres que hoy tienen la tarjeta de la AUH en manos de un prestamista del barrio.