Migrantes y salud en Rosario: el gasto real es menor al 2,5% y el ahorro sería mínimo

Con dos medidas de alto impacto político pero alcance real difuso, el gobierno de Javier Milei colocó esta semana a los extranjeros en el centro del debate sanitario. El martes anunció el cobro de atención en hospitales nacionales a no residentes y, horas después, agentes de la Dirección Nacional de Migraciones desembarcaron en el centro de Rosario con operativos de control. El problema: los números no acompañan el relato.

Según datos aportados por el área de Salud del municipio rosarino, apenas el 2,4% de los 300.000 usuarios de la red pública local son pacientes de otras nacionalidades. Y ese porcentaje incluye a residentes con obra social, personas que viven hace años en la ciudad, pagan impuestos y se atienden en centros barriales. El gasto total en migrantes no supera el 2,5% del presupuesto sanitario municipal, y una parte significativa de ese monto se recupera luego a través del Centro Único de Facturación (CUF).

La secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, fue contundente: en Rosario no existe el llamado "turismo sanitario", ese fenómeno de personas que viajan desde otros países exclusivamente para atenderse de forma gratuita. "Es una población estable", aclaró la funcionaria, que vive en la ciudad y contribuye fiscalmente como cualquier otro vecino.

El concejal y ex secretario de Salud Leonardo Caruana fue más lejos en su crítica. Para el médico y legislador, Milei "busca desviar la atención del fracaso de su gobierno" con una medida que calificó de "inversión muy marginal" que ni siquiera llega al 1% del presupuesto. "Esta es otra distracción que el gobierno nacional instala. Es para no hablar de la producción pública de medicamentos, de no garantizar la medicación del Programa Remediar, que hace que un hipertenso o un diabético no se descompense y evite internaciones", afirmó Caruana a este medio.

El argumento de fondo es que el supuesto ahorro puede terminar siendo más caro. Si una persona enferma no accede a atención temprana por no poder pagar, el sistema termina absorbiendo el costo de una urgencia o una internación mucho más onerosa. "Descalifica la prevención, las vacunas, los laboratorios de producción pública de medicamentos a menor precio. Si todo eso se diera, no estaríamos discutiendo este porcentaje ínfimo", completó Caruana en un hilo en X.

La misma lógica aplicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien precisó que en el sistema público provincial solo el 0,4% de las guardias y el 0,5% de las internaciones corresponden a extranjeros no residentes. "El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros", sentenció.

En cuanto a los operativos migratorios, la abogada especializada Paula Carello presenció el despliegue en el centro rosarino y cuestionó su enfoque. Para ella, el operativo "no promueve realmente la regularidad migratoria, sino todo lo contrario", porque lo que genera es miedo. Un efecto que, paradójicamente, podría alejar a migrantes de los centros de salud y agravar el problema sanitario que el gobierno dice querer resolver.

La avanzada comenzó hace dos semanas con un decreto para expulsar o prohibir el ingreso a quienes "incitaren o dirigieran mensajes de odio" contra el pueblo argentino. Esta semana se sumó la resolución publicada en el Boletín Oficial sobre cobro en hospitales nacionales, aunque su alcance real es limitado: son apenas cinco instituciones en todo el país y ninguna está en Rosario.

El debate, entonces, no es sobre números —que son elocuentes en su pequeñez— sino sobre el relato político que se construye alrededor de ellos. Y en esa disputa, los datos de Rosario hablan por sí solos.