Pullaro contra el fallo que frenó la baja de imputabilidad: "El garantismo bobo no entiende el problema"

No se anduvo con vueltas. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, salió a cruzar con todo el fallo de la jueza Marta Elba Pascual de Lomas de Zamora, que el lunes pasado suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

"El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar", escribió Pullaro en su cuenta de X, sin filtros y sin medias tintas. La frase pegó fuerte en las redes y encendió un debate que ya venía caliente desde que la magistrada dictó su resolución.

Para el gobernador santafesino, la decisión judicial es "muy grave" y llega después de un debate que, según sus palabras, "costó mucho dar". Pullaro sabe de lo que habla: Santa Fe fue durante años el epicentro de la violencia narco en Argentina, con Rosario como escenario de una guerra que dejó cientos de muertos y que tuvo a menores de edad como protagonistas tanto de las víctimas como de los victimarios.

"En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos", fue la frase más dura del mandatario, que apuntó directamente a la realidad que vivió la provincia bajo el avance del crimen organizado.

¿Tiene razón Pullaro o está usando el fallo para hacer política? La respuesta, como siempre, depende de qué lado del mostrador uno se para. Pero lo que es innegable es que el gobernador no habla desde la teoría: habla desde una provincia que enterró a sus muertos y que tuvo que reinventarse para frenar la sangría.

En ese marco, Pullaro remarcó que Santa Fe ya está preparada para aplicar la ley: "Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, módulos penitenciarios especializados". La diferencia con Buenos Aires, que según la jueza Pascual no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener el nuevo régimen, es el argumento central que el gobernador santafesino usa para marcar distancia.

El fallo de Pascual llegó apenas 48 horas después de que la ley entrara en vigencia efectiva. La resolución surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, el popular "padre Pepe", en representación de adolescentes privados de su libertad. La jueza puso el foco en la capacidad del sistema bonaerense para absorber el impacto de la nueva normativa.

El cruce no quedó solo entre Pullaro y el fallo. Diego Santilli, ministro de Interior de la Nación, ya había apuntado contra el "silencio" del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La respuesta llegó rápido: Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia, salió a decir que bajar la edad de imputabilidad "no alcanza" y el cruce derivó en una pelea por las deudas de Nación con las provincias y la falta de infraestructura.

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también se metió en la polémica y fue tajante: "Esa jueza se ha extralimitado. Tiene la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley, si considera que corresponde, pero no tiene, de ninguna manera, la facultad de suspenderla por 60 días".

El mapa político quedó claro: los gobernadores de Juntos por el Cambio y aliados del oficialismo nacional cerraron filas en defensa de la ley. El kirchnerismo bonaerense, en cambio, encontró en el fallo judicial un respiro inesperado. Lo que nadie puede negar es que el debate sobre qué hacer con los menores que delinquen en un contexto de narcocriminalidad ya no admite respuestas simples, ni de un lado ni del otro. Pullaro lo sabe. Y por eso pega tan fuerte cuando habla.