El gasto público cayó 2,3% en el primer semestre: quién pagó el ajuste

Los números del primer semestre ya están sobre la mesa y cuentan una historia que no es nueva, pero que sigue doliendo en los mismos lugares de siempre. El gasto público primario de la Administración Nacional cerró los primeros seis meses del año con una caída real del 2,3% interanual, según un informe de la consultora Analytica elaborado con datos al 3 de julio. El ajuste continuó, aunque con matices que vale la pena desmenuzar.

Junio tuvo una suba puntual del 3,7% que podría leerse como una señal de alivio, pero no alcanzó para torcer la tendencia del semestre. El acumulado manda, y el acumulado dice que el Estado nacional gastó menos en términos reales que en el mismo período del año pasado. La pregunta que corresponde hacerse es simple: ¿menos en qué?

La respuesta más brutal está en las transferencias a las provincias, que registraron una caída del 62,1% en términos reales. Incluso descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC —que distorsionan la comparación—, la baja acumulada sigue siendo del 52,3%. Es decir, los gobernadores recibieron de la Nación, en promedio, la mitad de lo que recibían hace un año. Eso tiene consecuencias directas en salud, educación y obra pública provincial que no siempre aparecen en los informes de consultoras pero sí en las escuelas sin calefacción y los hospitales sin insumos.

La obra pública nacional tampoco salió bien parada. La contracción acumulada en el semestre fue del 32,4% real, y en junio específicamente el derrumbe llegó al 74,9%, con caídas tanto en construcciones directas como en transferencias de capital. Para una provincia como Santa Fe, históricamente postergada en la distribución de obra pública nacional, estos números no son una abstracción: son rutas sin terminar, cloacas que no llegan y puentes que esperan.

Hay, sin embargo, un rubro que fue en sentido contrario. Los subsidios económicos crecieron un 29,6% real en el semestre, traccionados casi exclusivamente por los subsidios a la energía eléctrica, que se dispararon un 73,7%. El transporte, en cambio, sufrió un recorte del 24%, afectado por la reducción en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte. La lógica del ajuste, una vez más, no es pareja.

En el terreno de la seguridad social, las variaciones fueron más acotadas. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares apenas se movieron, con un incremento del 0,3%. Números que, en el contexto de la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, difícilmente alcancen para hablar de recuperación.

El informe también detalla el estado de la deuda flotante —los pagos que el Estado tiene pendientes—, que cerró el semestre en $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB. Un nivel similar al de junio de 2025, explicado en parte por el pago estacional de aguinaldos.

El equilibrio fiscal que el Gobierno exhibe como trofeo tiene un costo que no aparece en los titulares de los comunicados oficiales. Aparece en los municipios del interior que no llegan a fin de mes, en las obras paralizadas y en los servicios que se degradan silenciosamente. El ajuste existe, los números lo confirman. Lo que queda por discutir es quién lo está pagando y si hay algún plan para que algún día deje de ser siempre el mismo.

Con información de: El Ciudadano Web / Consultora Analytica