Universidades vs. Milei: el rector de la UNR advierte que en 2027 puede no haber clases

Lo dijo sin rodeos y con la voz de quien ya no tiene margen para las medias tintas. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lanzó esta semana una advertencia que debería preocupar a cualquiera que tenga un hijo en una facultad pública: "Vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene". No es retórica sindical. Es matemática.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las 60 universidades públicas del país entró esta semana en una nueva fase de tensión. El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que asigna $7,3 billones al sistema universitario. Los rectores, reunidos en el CIN ante diputados y senadores, presentaron sus propios números: necesitan $11 billones para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. La diferencia es de casi un 33%, y nadie parece dispuesto a ceder.

¿De dónde viene esa brecha? Ahí está el nudo del problema. Los rectores incluyen en su cálculo la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario, esa norma que el Congreso aprobó y que Javier Milei vetó en 2024, pero que luego fue parcialmente reactivada por una cautelar judicial. El Gobierno, en cambio, dice que ese cálculo es "injustificado" porque incorpora una interpretación sindical de los aumentos y la vigencia total de una ley cuya cautelar, según el oficialismo, solo habilitó ajustes en becas y salarios.

La disputa judicial es tan importante como la presupuestaria. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dictó en diciembre pasado una cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre, ese mismo juez rechazó el pedido del Gobierno de levantar la medida y ratificó su vigencia. Pero los rectores denuncian que los abogados del Estado presentan escritos que dilatan el pago efectivo. Bartolacci fue directo: "Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple".

Desde el oficialismo, la respuesta fue tan política como técnica. Aseguraron que las diferencias "se producen porque hay rectores que actúan como sindicalistas o influidos por la izquierda" y que el funcionamiento universitario está garantizado. También destacaron que con el aumento salarial del 3% de octubre, el Gobierno estaría "1,15% arriba" de lo que exige el fallo judicial. Las universidades, sin embargo, sostienen que aún se les adeuda un 31,2% de recomposición para cumplir la ley, más allá del acuerdo paritario del 21,3% firmado en junio.

El dato que más preocupa en Rosario es concreto: la UNR es una de las universidades más grandes del país, con más de 80.000 estudiantes y una oferta académica que abarca desde medicina hasta bellas artes. Un inicio de clases en riesgo no es una abstracción política: es el futuro de decenas de miles de familias santafesinas que apostaron a la educación pública como ascensor social.

Los rectores, además, ya escalaron el conflicto judicial: presentaron escritos reclamando multas a funcionarios e intimaciones penales por desobediencia, luego de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar el 25 de junio. La pelea, entonces, ya no es solo en el Congreso ni en la mesa de negociación. Es en los tribunales, en las aulas y, cada vez más, en la calle.

Queda por verse si los legisladores introducen modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 antes de que sea demasiado tarde. Bartolacci y el CIN ya presentaron sus números ante diputados, senadores y en las próximas semanas lo harán ante los gobernadores. La presión política se acumula. Y el reloj corre.