Santa Fe celebra el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad"
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, elogió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años aprobada por el gobierno nacional. 'Se terminó la impunidad', afirmó el funcionario provincial, alineándose con la medida impulsada por La Libertad Avanza.
El gobierno de Santa Fe no tardó en pronunciarse. Apenas conocida la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Federico Angelini, salió a celebrar la medida con una frase que no deja margen para la ambigüedad: "Se terminó la impunidad".
Angelini se convirtió así en uno de los primeros funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro en ponderar públicamente la reforma, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La medida, impulsada desde el gobierno nacional de Javier Milei, representa uno de los cambios más profundos en materia de justicia penal juvenil en las últimas décadas en Argentina.
El debate sobre la imputabilidad de menores no es nuevo en el país. Argentina venía rigiendo con un esquema que databa de 1980, durante la última dictadura militar, que fijaba la edad de imputabilidad en 16 años. Desde entonces, múltiples intentos de reforma fracasaron en el Congreso, víctimas de la parálisis legislativa y de la resistencia de sectores que priorizaban el enfoque tutelar por sobre la responsabilización penal.
En Rosario, ciudad que en los últimos años se convirtió en símbolo del drama de la violencia narco y donde los menores de edad fueron sistemáticamente utilizados como mano de obra por las organizaciones criminales, la medida tiene una resonancia particular. Casos emblemáticos de homicidios cometidos por adolescentes vinculados al crimen organizado alimentaron durante años el reclamo social de una respuesta más contundente del Estado.
El nuevo régimen no implica que los jóvenes de 14 y 15 años sean tratados exactamente igual que los adultos, pero sí establece que podrán ser imputados, juzgados y eventualmente privados de su libertad en establecimientos especializados. La reforma introduce además un sistema de medidas alternativas y programas de reinserción, aunque el eje central del cambio es la responsabilización penal a partir de esa edad.
Para el gobierno santafesino, que desde la gestión de Pullaro viene apostando fuerte a la seguridad como eje de su administración, el alineamiento con esta reforma era esperable. La provincia lleva meses trabajando en coordinación con el gobierno nacional en materia de seguridad, y la baja de imputabilidad encaja con la narrativa de tolerancia cero que ambas administraciones comparten.
Lo que queda por verse es cómo se implementará la reforma en la práctica. Santa Fe deberá adecuar su infraestructura de institutos de menores, capacitar operadores judiciales y definir protocolos claros para evitar que la medida quede en una declaración de principios. La brecha entre la letra de la ley y su aplicación real es, en Argentina, un clásico que se repite con demasiada frecuencia.
Por ahora, la señal política es clara: el gobierno provincial abraza el cambio y lo celebra. Si la impunidad realmente terminó, lo dirán los números de la violencia en los próximos meses.
Con información de: La Capital
Preguntas frecuentes
¿Desde qué edad se puede imputar a un menor con el nuevo régimen penal juvenil?
Con la reforma aprobada, la edad de imputabilidad baja a 14 años. Los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente, aunque en un sistema diferenciado al de los adultos.
¿Qué dijo el gobierno de Santa Fe sobre la baja de imputabilidad?
El secretario Federico Angelini celebró la medida y afirmó que 'se terminó la impunidad', siendo uno de los primeros funcionarios provinciales en pronunciarse a favor de la reforma.
¿Cómo afecta esta ley a Rosario?
Rosario es una de las ciudades más afectadas por el uso de menores en el crimen organizado, por lo que la reforma tiene especial impacto local. La provincia deberá adecuar institutos y protocolos para aplicarla.