Gastaron $2.000 millones para reprimir jubilados frente al Congreso en 2025

Mientras el debate sobre el ajuste fiscal domina la agenda política, un dato concreto pone en tensión los números del gobierno: el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, gastó más de 2.087 millones de pesos en operativos de seguridad desplegados todos los miércoles frente al Congreso de la Nación, donde jubilados reclamaban mejoras en sus haberes a lo largo de todo 2025.

El dato surge de un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que procesó información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a datos públicos al propio Ministerio. Según ese relevamiento, cada uno de los 43 operativos realizados entre enero y diciembre del año pasado implicó un gasto promedio de 48.535.094 pesos —casi 50 millones— en combustible y equipamiento.

El CELS advierte que la cifra es "conservadora": el cálculo no incluye las horas de servicio obligatorio ni los servicios adicionales de los cerca de 40.000 efectivos desplegados durante el año, datos que el Ministerio directamente no informó. En cada operativo participaron, en promedio, 915 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval.

Para dimensionar el número, el CELS lo tradujo en términos concretos: los 2.087 millones de pesos gastados en esos operativos equivalen a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, tomando el promedio del año. Dicho de otro modo, el Estado nacional destinó casi 6 millones de pesos por día a contener a adultos mayores que salían a la calle a pedir que sus ingresos no siguieran perdiendo contra la inflación.

El contexto no es menor. Durante 2025, el gobierno de Javier Milei aplicó recortes sostenidos en jubilaciones, salarios estatales, educación y salud pública, en el marco de un programa de ajuste fiscal que logró superávit primario pero que impactó de lleno en los sectores más vulnerables. La recaudación tributaria mostró señales de debilidad en varios tramos del año, lo que reforzó la presión sobre el gasto social.

Desde la óptica del equilibrio fiscal que defiende el gobierno, cualquier gasto tiene que justificarse. Y aquí el número habla solo: más de dos mil millones de pesos para sostener un operativo semanal de seguridad frente a pensionados que, en su mayoría, cobran haberes que no alcanzan la canasta básica. No es un gasto productivo, no genera infraestructura, no baja impuestos, no desregula nada. Es el costo de mantener el orden frente a quienes el propio ajuste dejó más expuestos.

El informe del CELS también pone en evidencia una opacidad llamativa: el Ministerio de Seguridad entregó datos parciales ante el pedido formal de información. Las horas extra de los efectivos, los servicios adicionales y otros rubros no fueron informados, lo que impide conocer el costo real total de los operativos. En un gobierno que se jacta de la transparencia como bandera, la omisión resulta, cuanto menos, llamativa.

Los miércoles frente al Congreso se convirtieron en una postal repetida durante todo 2025: jubilados con carteles, gases lacrimógenos, vallados y cientos de uniformados. Un ritual costoso, financiado con los mismos impuestos que pagan quienes marchan.