El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta 2027: qué significa para Santa Fe

La emergencia eléctrica no se va. Lejos de ser una noticia de trámite, la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el estado de emergencia del sector energético hasta el 31 de diciembre de 2027 es una señal de que el sistema está mucho más frágil de lo que se admite en público.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, extiende la emergencia declarada originalmente a fines de 2023 y ya prorrogada dos veces antes —por los decretos 1023/2024 y 370/2025—. Esta vez, además, se equipara con la emergencia vigente para el transporte y distribución de gas natural, que ya corría hasta esa misma fecha por el Decreto 49/2026.

El argumento oficial es técnico pero contundente: existe una interdependencia operativa y económica entre la electricidad y el gas, dado que este último es el insumo crítico para la generación térmica. Dicho en criollo: si el gas falla, la luz también. Y viceversa. Coordinar ambas emergencias bajo el mismo paraguas tiene lógica de gestión, aunque también tiene un costo político: reconocer que, a casi tres años del inicio de la gestión libertaria, el sistema energético argentino todavía no se sostiene solo.

Los datos técnicos que el propio decreto expone son para preocuparse. En febrero de 2025, la demanda máxima del sistema alcanzó los 30.257 megavatios, con un margen disponible de apenas el 4,4%. Ese número es insuficiente para garantizar reservas ante cualquier contingencia climática o falla inesperada. ¿Qué pasa si hay una ola de calor extrema en pleno verano rosarino y el sistema no tiene colchón? La respuesta la conocemos de memoria: cortes.

El panorama de la infraestructura no es mejor. El parque generador presenta un alto grado de envejecimiento, las principales estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90% y más del 60% de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad. Son redes viejas, sobrecargadas y sin el mantenimiento que merecen.

Hay un dato que el Gobierno sí presenta como logro: la tasa de cobrabilidad de CAMMESA —el organismo que administra el mercado eléctrico mayorista— pasó de un 48% en diciembre de 2023 a niveles cercanos al 97% en la actualidad. Es un avance real. Pero el propio decreto advierte que esa mejora no está consolidada y que una reversión en la disciplina de pagos podría comprometer toda la cadena: generadores, transportistas, inversores. La recuperación, en definitiva, es frágil.

El otro flanco sensible es el de los subsidios. Según el texto del DNU, en mayo de 2026 el precio estacional aplicado a usuarios residenciales subsidiados representó apenas el 24% del precio de referencia real de la energía. Esa brecha —enorme— es la que el Gobierno dice querer cerrar de forma gradual y focalizada, coordinando la transición con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. En la práctica, eso significa que las tarifas seguirán subiendo para quienes no califiquen como vulnerables.

Para los rosarinos, esto no es un debate abstracto. Santa Fe es una de las provincias con mayor densidad de redes antiguas y con una demanda que crece año a año. Cada verano, los cortes en barrios como Fisherton, Alberdi o el macrocentro recuerdan que la infraestructura no acompaña el crecimiento. La prórroga de la emergencia no resuelve esos problemas, pero al menos reconoce que existen y mantiene el marco legal para intervenir.

La pregunta que queda flotando es cuántas prórrogas más va a necesitar un sistema que, según el propio Gobierno, lleva tres años en proceso de normalización. Porque si en 2027 las condiciones siguen sin estar dadas, habrá que explicarle a la gente por qué la emergencia energética se convirtió en el estado permanente de la Argentina.