Paro universitario: el Gobierno dice que cumple pero los gremios van al paro

Con el paro universitario nacional del miércoles 12 de agosto ya confirmado, el Ministerio de Capital Humano salió a la cancha antes de que sonara el silbato: difundió un comunicado en el que asegura haber cumplido con todas las obligaciones presupuestarias y salariales del sistema universitario, y calificó la medida de fuerza de "ilegítima" y motivada políticamente.

Según el comunicado oficial, la cartera que conduce el gobierno de Javier Milei continúa ejecutando transferencias para tres rubros clave: los hospitales universitarios, los incrementos salariales acordados en paritarias y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Los números que presentó el Ministerio son concretos: mediante la Resolución 430/2026 se transfirieron más de $666.823 millones correspondientes a los haberes de junio y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario; y a través de la Resolución 478/2026, otros $448.544 millones para cubrir los salarios de julio.

En total, el gobierno habría desembolsado más de $1,1 billón en los últimos dos meses solo en concepto de salarios docentes y no docentes. Esos fondos, según la cartera, responden al acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios del sector, cuyo cronograma de aumentos se estaría cumpliendo en tiempo y forma.

Sobre los hospitales universitarios, el Gobierno aclaró que ya están asignados los fondos para las universidades de Buenos Aires y Cuyo, mientras que las partidas para las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja todavía están en trámite. Este punto es uno de los más sensibles del conflicto, ya que los hospitales universitarios atienden a miles de pacientes de los sectores más vulnerables y su funcionamiento depende directamente de las transferencias nacionales.

El comunicado también apunta directamente contra los sindicatos: rechaza los argumentos sobre un supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y sostiene que el paro "no tiene como prioridad la educación", sino motivaciones políticas. El principal damnificado, según el Ejecutivo, sería el estudiantado, que verá interrumpido el normal desarrollo de las clases.

Sin embargo, los gremios docentes y no docentes no retrocedieron. La convocatoria al paro se mantiene firme y sus reclamos van más allá de los números que presenta el Gobierno: exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido frente a la inflación de los últimos años, y mayores partidas para el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. La discusión de fondo es si los aumentos acordados en paritaria alcanzan para compensar la pérdida real de ingresos de los trabajadores universitarios.

El conflicto universitario no es nuevo. Desde 2024, las universidades nacionales vienen protagonizando uno de los ciclos de protesta más sostenidos de los últimos años, con marchas masivas que en su momento reunieron a cientos de miles de personas en todo el país. La disputa por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los ejes centrales del debate político argentino, con el Congreso aprobando una ley que el Ejecutivo resistió aplicar en su totalidad.

Para los trabajadores universitarios de Rosario, que dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una de las más grandes del país con más de 80.000 estudiantes, el conflicto tiene consecuencias directas: salarios que no recuperan terreno frente a la inflación y presupuestos de funcionamiento que en muchos casos no alcanzan para cubrir los gastos básicos de las facultades.

Con informacion de: La Capital, Rosario3.