Denuncia a Tettamanti: RIGI para Harbour Energy, la petrolera de Malvinas

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María Tettamanti, y otros funcionarios por el otorgamiento del RIGI a la petrolera británica Harbour Energy.

La causa fue sorteada el 29 de septiembre y quedó en el juzgado federal que subroga Ariel Lijo, bajo el expediente CFP 4810/2026. La presentación pide investigar si se violó la Ley 26.659.

La denuncia menciona a Eduardo Chirillo y Daniel Veller, y apunta a delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho.

El punto central es que Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, habría arrastrado sanciones e inhabilitaciones comerciales previas heredadas de su estructura corporativa anterior.

Según la presentación, los funcionarios omitieron prohibiciones explícitas al aprobar los avales del RIGI, un régimen de beneficios fiscales y aduaneros para grandes inversiones.

El antecedente es fuerte: en 2013, por la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, Premier Oil PLC fue inhabilitada por 15 años para operar en Argentina.

La inhabilitación se apoyó en la Ley 26.659, que prohíbe operar a empresas que hayan realizado actividades hidrocarburíferas inconsultas en la plataforma continental argentina, especialmente cerca de Malvinas.

La denuncia recuerda que Milei prometió endurecer esa norma en una Cadena Nacional, pero el Gobierno nunca la aplicó. En cambio, la petrolera recibió habilitaciones en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.

En septiembre de 2024, la misma empresa compró activos de Wintershell DEA por más de 11 mil millones de dólares, incluidos los de Argentina.

En diciembre de 2024, Milei firmó el decreto 1147/2024, que incrementó las concesiones hidrocarburíferas de la firma.

Ese mismo mes, ya como Harbour Energy PLC, ingresó a Southern Energy SA, el proyecto de GNL que fue incorporado al RIGI en abril de 2025.

La causa sigue en etapa inicial y bajo reserva, pero la denuncia instala una pregunta incómoda: ¿cómo un Estado que sancionó a una petrolera por Malvinas terminó beneficiándola con el RIGI?

La petrolera británica está vinculada al consorcio Southern Energy, que desarrolla proyectos de gas natural licuado en la Patagonia. Esa operación fue el eje de los beneficios fiscales y aduaneros.

La presentación judicial sostiene que se trató de beneficios extraordinarios para una firma que, según la PIA, arrastraba prohibiciones desde su estructura anterior.

El caso también remite a la Ley 26.659, impulsada por el fallecido Pino Solanas, que prohíbe operar a empresas que hayan realizado actividades inconsultas en el área circundante a Malvinas.

Milei prometió endurecer esa norma durante una Cadena Nacional en la que buscó subirse a la ola malvinera despertada durante el Mundial de Fútbol. La denuncia señala que el Gobierno nunca la aplicó.

La resolución de 2013 no fue un trámite menor: inhabilitó a Premier Oil PLC por 15 años para cualquier actividad hidrocarburífera o comercial en Argentina.

Años después, la misma estructura corporativa volvió a operar en el país y, según la denuncia, accedió a cinco grandes negocios de hidrocarburos en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.

La incorporación al RIGI se produjo en abril de 2025 mediante la Resolución 559/2025, que habilitó la exportación de GNL para el proyecto de Southern Energy.

Hasta ahora, la causa está en etapa inicial y bajo reserva, pero la denuncia ya obliga a responder una pregunta incómoda: ¿quién avaló los beneficios para una petrolera sancionada?

El contraste es duro: un Estado que en 2013 condenó a Premier Oil por explotar ilegalmente yacimientos al norte de Malvinas terminó beneficiando a la misma empresa con el RIGI.