Rosario: el municipio quiere recuperar la ex Zona Franca de Bolivia con $6.000 millones

Un sector privilegiado de la costa central de Rosario concentra la atención de urbanistas, funcionarios y concejales. La ex Zona Franca de Bolivia, un predio cedido por el gobierno nacional al municipio, está en el centro de una disputa de visiones sobre qué hacer con uno de los terrenos más codiciados de la ciudad: frente al río Paraná, en pleno corazón costero.

El problema es urgente. El sector presenta riesgo de derrumbe provocado por la erosión retrogradante del Paraná, un fenómeno que avanza desde la orilla hacia el interior del terreno y que, si no se interviene a tiempo, puede comprometer la integridad estructural de la zona. No es un problema menor ni estético: es una amenaza concreta sobre un predio que el Estado nacional ya transfirió al Ejecutivo municipal.

Ante ese escenario, el municipio tiene en carpeta una iniciativa que apunta a sumar 18.000 metros cuadrados a la continuidad del espacio verde costero. Para lograrlo, primero deberá ejecutarse un estudio de suelo que determine las condiciones técnicas del terreno, y luego invertir aproximadamente 6.000 millones de pesos en acondicionar el área mediante el refulado de piedras y arena, la técnica que permite literalmente ganarle terreno al río rellenando y consolidando la costa.

El refulado no es una novedad en Rosario. La ciudad ya utilizó esta metodología en distintos tramos de su costanera para estabilizar márgenes y habilitar espacios públicos. Sin embargo, la escala de esta intervención y el monto involucrado la convierten en una de las obras costeras más significativas que se hayan planificado en los últimos años para el área central.

Pero la visión del municipio no es la única sobre la mesa. El bloque libertario en el Concejo Municipal presentó una propuesta alternativa: desarrollar un polo gastronómico en el sector bajo un esquema de iniciativa público-privada. La idea apunta a que sea el sector privado quien invierta y opere el espacio, con el Estado cumpliendo un rol de habilitador y regulador, no de ejecutor ni financiador.

La tensión entre ambas propuestas no es menor. Por un lado, la apuesta municipal por el espacio verde implica una inversión pública significativa en un contexto de ajuste fiscal nacional. Por el otro, el modelo libertario de asociación público-privada busca evitar que sea el erario quien cargue con el costo de la reconversión, apostando a que el mercado encuentre rentabilidad en una ubicación que, por su posición costera, tiene un valor estratégico evidente.

Lo que está claro es que la ex Zona Franca de Bolivia no puede seguir en el limbo. La erosión no espera debates políticos, y un terreno cedido por Nación que se desmorona en el Paraná es, antes que una oportunidad, un problema que requiere decisión. Cuál de las dos visiones prevalecerá —o si habrá una síntesis— dependerá de la voluntad política del Concejo Municipal y de la capacidad del municipio para financiar o atraer inversión en un escenario económico que no da demasiado margen para la duda.

Con información de: La Capital