Reclaman que el crimen de Jessica Núñez sea investigado como travesticidio en Córdoba

Lo que pasó en Villa Nueva en la madrugada del jueves no fue, para muchos, un crimen más. Jessica Núñez, mujer trans de 44 años, fue atacada con un arma blanca cerca del puente Isidro Fernández Núñez, en el barrio La Floresta, alrededor de las cuatro de la madrugada. Herida, se alejó del lugar. Vecinos llamaron a la Policía. La trasladaron al Hospital Regional Pasteur de Villa María, donde murió. Y ahora la pregunta que no para de crecer es una sola: ¿fue un crimen de odio?

Por el hecho quedaron detenidos Cristian Oscar Rogero, de 48 años, y su hija Johana Mailén Rogero, de 22. Ambos están a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de la fiscal Juliana Companys. La carátula, por ahora, es homicidio simple. Y ahí está el nudo del conflicto.

Desde las primeras horas, la Fiscalía sostuvo que el hecho estaría «vinculado a conflictos preexistentes y no a violencia de género». Pero esa hipótesis no convence a las organizaciones que acompañan el reclamo. Para el colectivo trans y la comunidad LGBTIQ+, descartar de entrada la posibilidad de un crimen de odio es, en sí mismo, parte del problema. Piden que la causa sea investigada como un travesticidio: un crimen donde la identidad de género de la víctima no es un dato menor, sino posiblemente el factor determinante.

Este viernes, la respuesta tomó forma de movilización. Frente a los Tribunales de Villa María, bajo la consigna «Justicia por Jessica Núñez», se concentraron integrantes del colectivo trans y de la comunidad LGBTIQ+ para exigir que la Justicia avance con perspectiva de género y diversidad. «No vamos a permitir que el nombre de Jessica se pierda ni que su muerte quede en el olvido», advirtieron desde la organización de la Marcha del Orgullo de Villa María.

El reclamo fue claro y concreto: que se identifique y sancione a los responsables, que se garantice justicia y reparación integral para la familia y la comunidad de Jessica, y que el Estado —en todos sus niveles— implemente políticas públicas urgentes que garanticen acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda y a una vida libre de violencias para las personas trans y travestis.

Desde Ammar Córdoba (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) también alzaron la voz: «Una vez más, exigimos justicia por Jessica y una investigación que permita esclarecer plenamente lo sucedido». La organización feminista MuMaLá fue más lejos y puso el crimen en un contexto político: señalaron que Jessica era una activista trans reconocida en su comunidad, y que su muerte ocurre en un país donde, según sus palabras, «el gobierno desampara por odio y negacionismo de género a las disidencias sexuales y a las mujeres».

MuMaLá también subrayó que este crimen «no se trata de un hecho aislado», sino que se inscribe en un patrón de violencia estructural, precarización y ausencia de políticas de protección efectivas para la comunidad trans-travesti. Es un argumento que la estadística, lamentablemente, no desmiente: las personas trans siguen siendo uno de los grupos con mayor exposición a la violencia letal en Argentina.

¿Alcanza con detener a dos personas para cerrar este caso? La Justicia de Villa María tendrá que responder esa pregunta con algo más que una carátula. La perspectiva de género no es un capricho ideológico: es una herramienta legal que existe precisamente para que crímenes como el de Jessica no sean archivados como si el contexto no importara. La causa está en etapa inicial. El tiempo dirá si la investigación está a la altura de lo que este crimen exige.