Diputados: el oficialismo convocó comisión para frenar sesión especial sobre Emergencia en Discapacidad

El oficialismo en la Cámara de Diputados activó una jugada parlamentaria para ganar terreno antes de que la oposición concrete su avance: convocó a la Comisión de Discapacidad para este miércoles 2 de septiembre a las 16, con carácter informativo, para comenzar a debatir la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

El movimiento no es casual. Durante la última sesión de la Cámara baja, la oposición logró reunir 133 votos en una moción para tratar la extensión de la emergencia, y a partir de ese resultado solicitó una sesión especial para el 9 de septiembre. El oficialismo, en lugar de esperar, optó por abrir el debate en comisión primero, una táctica que ya había utilizado días atrás con el tema del sobreendeudamiento familiar.

La comisión convocada es presidida por el diputado libertario Gerardo Huesen, y está previsto que participen funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad para exponer la situación del sector. La estrategia del bloque gobernante parece orientada a encauzar el debate dentro de los tiempos y formatos que le resulten más manejables, antes de que la oposición fuerce una votación directa en el recinto.

El proyecto que busca tratarse fue impulsado por el diputado Juan Marino y propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia establecida por la Ley 27.793, cuya vigencia actual vence a fines de 2026. La iniciativa fue acompañada por legisladores de distintos bloques: Natalia de la Sota, Germán Martínez, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro y Victoria Tolosa Paz, entre otros, lo que refleja un arco opositor amplio y transversal.

En sus fundamentos, Marino argumenta que la emergencia tuvo una aplicación efectiva menor a la prevista originalmente, debido al veto presidencial, los litigios judiciales posteriores y distintos obstáculos que retrasaron su implementación. Bajo esa lógica, la prórroga no sería una extensión ordinaria sino una forma de recuperar el tiempo en que la ley, según sus impulsores, no pudo desplegar plenamente sus efectos.

El proyecto también pone el foco en la situación concreta del sector: prestadores de servicios, hogares, centros de día, transportistas y profesionales vinculados a la discapacidad. Un dato que aparece en los fundamentos y que resulta difícil de ignorar: más de 200.000 personas se encuentran a la espera de una resolución sobre sus pensiones, una cifra que grafica la magnitud del problema administrativo acumulado.

Otro punto de tensión que incorpora el proyecto es la crítica a la reorganización institucional del área. La iniciativa cuestiona la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su reemplazo por una Secretaría Nacional dentro del Ministerio de Salud, un cambio que el gobierno nacional implementó en el marco de su política de reducción del Estado. Según los impulsores de la prórroga, esa reestructuración generó dificultades adicionales para el acceso a trámites y prestaciones.

El proyecto sostiene además que la continuidad de la emergencia está vinculada con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados incorporados a la Constitución Nacional, lo que agrega una dimensión de derecho internacional al debate.

La disputa parlamentaria en torno a la discapacidad se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Ejecutivo y la oposición por el manejo del gasto social. El gobierno de Javier Milei vetó la ley de financiamiento de la discapacidad en 2024, lo que derivó en una larga cadena de conflictos judiciales y reclamos del sector. Ahora, con la emergencia próxima a vencer, el debate vuelve al Congreso con una oposición que muestra músculo numérico y un oficialismo que intenta administrar los tiempos para no quedar en minoría en el recinto.