Universidades vs. Milei: $4 billones de diferencia que definen el futuro de la educación pública

Cuatro billones de pesos. Esa es la brecha que separa lo que el gobierno nacional está dispuesto a poner sobre la mesa y lo que las universidades públicas dicen necesitar para sobrevivir el año que viene. No es un número abstracto: es la diferencia entre un sistema universitario que funciona y uno que sigue cayendo a pedazos.

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesita $11 billones. La distancia entre ambas cifras no es técnica: es política, y define el modelo de país que cada parte defiende.

Este miércoles, rectoras y rectores de todo el país se plantaron en el Congreso para presentar su propio cálculo ante diputados y senadores. Al frente de la delegación estuvo Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, junto al vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, y las autoridades de la comisión de Asuntos Económicos. Rosario, una vez más, en el centro del debate universitario nacional.

"Es tan importante que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento, que repara lo perdido hacia atrás, como que tengamos un horizonte de previsibilidad hacia adelante", planteó Bartolacci antes de la presentación. Para el rector rosarino, ese horizonte solo puede garantizarlo un presupuesto que otorgue "los recursos indispensables que las universidades necesitamos para funcionar bien". Una frase que suena moderada pero que esconde una acusación directa: hoy, esos recursos no existen.

El recorrido de los números ayuda a entender la magnitud del problema. El presupuesto 2026 había arrancado con $4,785 billones para las universidades nacionales. Durante el año las partidas fueron ampliadas y se estima que el gasto universitario cerrará el ejercicio en torno a los $6 billones. El salto a $7,3 billones que propone el Ejecutivo para 2027 parece un avance, pero el CIN lo rechaza de plano: sostiene que el punto de partida debe incorporar primero la recomposición pendiente que ordena la ley de financiamiento universitario, y recién después proyectar inflación y necesidades reales.

El tema salarial es el que más duele. En marzo, el propio CIN había calculado que entre noviembre de 2023 y febrero de este año los trabajadores universitarios habían perdido alrededor del 32% de poder adquisitivo, y que se necesitaba una recomposición del 47,3% para volver al nivel previo a la gestión actual. En junio, tras la reapertura de la paritaria, el gobierno acordó una actualización del 24,33%, distribuida en dos tramos. El CIN lo reconoció como un avance parcial, pero dejó en claro que no alcanzaba. Hoy, los gremios universitarios advierten que el atraso vuelve a acercarse al 40% y ya realizaron nuevas medidas de fuerza.

El $11 billones que reclama el CIN no es un capricho: incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas estudiantiles, hospitales universitarios y extensión. En marzo, el organismo había estimado que las transferencias al sistema universitario acumulaban una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Casi la mitad del financiamiento, evaporado en tres años.

Pero hay un detalle en el proyecto oficial que pasó casi inadvertido y que merece atención. Según el texto del presupuesto, el ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias a aquellas universidades que no presenten en tiempo y forma la información requerida para asignar y evaluar los recursos. Una disposición similar ya rige en el presupuesto 2026. Dicho así suena razonable, pero en el contexto de un conflicto abierto entre el gobierno y las universidades, esa herramienta puede convertirse en un garrote. ¿Quién define qué información es suficiente y cuándo se presentó en tiempo y forma?

El conflicto universitario lleva más de dos años sin resolución estructural. Cada paritaria es una pelea, cada presupuesto es una trinchera. Mientras tanto, los docentes cobran sueldos que no alcanzan, los estudiantes ven deteriorarse la infraestructura y el sistema científico-tecnológico que se construyó durante décadas sigue perdiendo masa crítica. Cuatro billones de diferencia no es solo una discusión contable: es la pregunta sobre qué tipo de país queremos ser.