Santa Fe prohíbe los cuidacoches en toda la provincia: qué cambia con la nueva ley

El Senado de Santa Fe dio este jueves un paso concreto contra una de las prácticas más irritantes del espacio público urbano: convirtió en ley la prohibición de los cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa se aprobó con 16 votos a favor y tres ausencias, superando holgadamente los dos tercios requeridos para confirmar la cámara de origen.

La nueva norma modifica el Código de Convivencia provincial —también conocido como Código de Faltas— para tipificar la actividad como una infracción pasible de sanciones concretas. La pena máxima prevista es de 15 días de arresto para quienes persistan en el ejercicio de la actividad una vez que la ley entre en vigencia en cada jurisdicción.

El punto clave, y también el más delicado, es el mecanismo de implementación: cada municipio deberá adherir formalmente a la ley para que tenga efecto en su territorio. Esto significa que la prohibición no será automática en toda la provincia desde el día uno, sino que dependerá de la voluntad política de cada intendente y concejo deliberante. En el caso de Rosario, la ciudad con mayor concentración del fenómeno en la provincia, la adhesión municipal será determinante para que la norma tenga impacto real en las calles.

Los cuidacoches —o trapitos, como se los conoce popularmente— llevan décadas operando en zonas de alta rotación vehicular: inmediaciones de estadios, hospitales, shoppings, restaurantes y centros comerciales. Su presencia implica en la práctica una extorsión encubierta: el conductor que no paga queda expuesto a daños en su vehículo o a la simple incomodidad de no encontrar quien lo ayude a salir. El Estado, mientras tanto, miraba para otro lado.

La ley llega después de años de debates municipales y provinciales que nunca terminaban de cristalizar en una norma con dientes. Rosario intentó en distintas oportunidades regular o erradicar la actividad, con resultados magros. La diferencia ahora es que existe un marco legal provincial que habilita el arresto, lo que le da a las fuerzas de seguridad una herramienta que antes no tenían.

El desafío que viene es la aplicación. Las leyes que regulan el espacio público en Argentina tienen un historial poco alentador: se sancionan con fanfarria y se aplican con desidia. La clave estará en si los municipios adhieren con rapidez, si la Policía de Santa Fe recibe instrucciones claras y si existe voluntad política real de sostener los controles en el tiempo. Sin esos tres elementos, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

Por ahora, la sanción legislativa es una señal política clara: el Estado provincial le pone límites a una actividad que nunca debió tolerarse. Lo que reste es ejecutar.