Tierras para extranjeros sin límites: cómo votarán los senadores de Santa Fe

El Senado de la Nación vuelve a ponerse en el centro de la tormenta. Este jueves se debate una de las iniciativas más polémicas del año: la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo más explosivo propone eliminar de un plumazo las restricciones nacionales para que extranjeros puedan comprar tierras rurales argentinas sin ningún tipo de límite.

La discusión no es nueva, pero la urgencia sí. El oficialismo libertario empuja el proyecto con la convicción de que cualquier restricción a la propiedad privada es una forma de intervencionismo estatal inaceptable. Del otro lado, la oposición y sectores agropecuarios tradicionales advierten que abrir la tranquera sin condiciones es un riesgo para la soberanía territorial del país. El debate, en definitiva, excede con creces los límites del Congreso.

¿Cuánta tierra argentina puede quedar en manos foráneas antes de que sea demasiado tarde para preguntárselo? Esa es la pregunta que nadie del oficialismo quiere responder con claridad.

Lo concreto es que los votos todavía están bajo negociación y el resultado es incierto. En ese contexto, las miradas apuntan con fuerza a los tres senadores de Santa Fe, provincia que tiene una relación histórica y económica profunda con el campo. Santa Fe concentra parte del corazón productivo del país: la región pampeana, la cuenca lechera, los puertos del Gran Rosario por donde sale buena parte de la soja y el maíz que el mundo consume. Lo que pase con esas tierras no es un tema abstracto para los santafesinos.

Hasta el momento, la posición de los legisladores provinciales no está definida públicamente, lo que alimenta la especulación y la presión de distintos sectores. El oficialismo necesita cada voto y sabe que los representantes del interior tienen que mirar a sus provincias a los ojos después de cada sesión.

La ley de Tierras vigente, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del territorio nacional y que ninguna persona física o jurídica foránea puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en zonas de alta productividad. El proyecto que se debate ahora desmantelaría ese esquema por completo, bajo el argumento de que traba inversiones y viola el principio de igualdad ante la ley.

Los defensores del cambio sostienen que la Argentina necesita capital extranjero para desarrollar tierras improductivas y que el Estado no tiene por qué regular quién puede comprar qué. Los críticos, en cambio, señalan que ningún país serio del mundo vende su territorio sin condiciones, y que la experiencia internacional muestra que la concentración de tierras en manos extranjeras genera dependencia, conflictos sociales y pérdida de control sobre recursos estratégicos como el agua.

El debate de este jueves promete ser tenso. Y los tres senadores santafesinos tendrán que decidir de qué lado de la historia quieren estar.