El Senado de Santa Fe aprobó la emergencia hídrica: qué cambia para la provincia

El Senado de Santa Fe dio este jueves un paso concreto frente a lo que se viene: aprobó en media sanción el proyecto del Poder Ejecutivo provincial para declarar la emergencia hídrica en toda la provincia, con vigencia hasta abril de 2027 y posibilidad de prorrogarse por seis meses más si el fenómeno de El Niño sigue haciendo de las suyas.

La iniciativa, que ahora deberá cruzar la Cámara de Diputados para convertirse en ley, no es un gesto simbólico ni una declaración de buenas intenciones. Es, en términos concretos, lo que los técnicos llaman un "paraguas jurídico": una herramienta que le permite al Estado provincial moverse con velocidad y sin la burocracia habitual cuando el agua empieza a ganar terreno.

¿Qué significa eso en la práctica? Que la Provincia podrá hacer compras de emergencia con procedimientos especiales y acotados, sin los tiempos que normalmente demanda una licitación pública. Que podrá afectar terrenos y sectores específicos para responder a las crecidas. Y que los organismos bajo su órbita quedan habilitados para proyectar, contratar y ejecutar obras hidráulicas de forma directa: desde movimiento de suelos y terraplenes hasta limpieza de canales, apertura de rutas, endicamientos y clausura de caminos rurales.

El artículo 2 del proyecto es claro al respecto: "Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas". No es letra chica: es el corazón de la norma, pensada para que cuando llegue la emergencia real, el Estado no quede paralizado esperando autorizaciones.

El contexto no es menor. Santa Fe tiene una historia larga y dolorosa con las inundaciones. La memoria colectiva de la provincia guarda las imágenes de 2003, cuando el desborde del Salado dejó más de 130.000 evacuados solo en la capital. Desde entonces, cada temporada de lluvias intensas reactiva la misma pregunta: ¿estamos preparados? La respuesta, históricamente, ha sido incómoda.

El fenómeno de El Niño —que implica un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico con impacto directo en las precipitaciones del Litoral argentino— viene siendo monitoreado con preocupación por los organismos meteorológicos. Las proyecciones para los próximos meses anticipan lluvias por encima de lo normal en toda la región, lo que eleva el riesgo de crecidas en los ríos Paraná, Salado y Carcarañá, los tres grandes vectores de inundación en territorio santafesino.

La declaración de emergencia también habilita al Gobierno a asistir a personas evacuadas con mayor agilidad: alimentos, ropa, refugio. Son las necesidades más básicas, las que no pueden esperar a que un expediente recorra los pasillos de la administración pública.

Ahora la pelota está en Diputados. Si la Cámara baja acompaña —y no hay señales de que vaya a haber resistencia significativa—, la ley entrará en vigencia en los próximos días. El tiempo no sobra: el verano austral, con sus tormentas y sus ríos cargados, no avisa con mucha anticipación.

Lo que queda claro es que el Ejecutivo de Maximiliano Pullaro eligió moverse antes de que el agua llegue al cuello. Si esa previsión alcanza para proteger a los santafesinos que viven en zonas vulnerables, lo dirá la realidad. Por ahora, el Senado hizo su parte.

Con información de: La Capital, Rosario3.