Santa Fe: el Senado dio media sanción a la emergencia hídrica por El Niño

El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que declara la emergencia hídrica en la totalidad del territorio santafesino, en el marco del fenómeno climático conocido como El Niño. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley, tendría vigencia hasta abril de 2027, con posibilidad de prórroga por seis meses adicionales si persisten las condiciones del fenómeno.

La declaración de emergencia funciona, en términos prácticos, como un paraguas jurídico que le otorga al Estado provincial herramientas extraordinarias para actuar con mayor velocidad ante las consecuencias de las lluvias intensas y las eventuales crecidas de los ríos Paraná y Salado, los dos grandes cursos de agua que históricamente condicionan la vida de miles de santafesinos.

El artículo 2 del proyecto es el más sustancial: faculta al Poder Ejecutivo a adoptar todas las medidas que estime convenientes para la prevención y atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestimenta y sanitaria de las personas afectadas. En términos concretos, eso significa que los organismos bajo su órbita podrán proyectar, contratar y ejecutar obras hidráulicas de diversa índole: movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones y endicamientos de cursos de agua, entre otras intervenciones.

Uno de los ejes más sensibles de la norma es el régimen de contrataciones de emergencia. La ley habilitaría al Ejecutivo a adquirir bienes de uso, servicios y equipamiento mediante procedimientos especiales de carácter urgente, cuya reglamentación quedará en manos del propio gobierno provincial. El texto aclara que dichos procedimientos deberán garantizar «la transparencia, la igualdad, la concurrencia y debida competencia entre los oferentes», aunque la historia argentina de las emergencias —de todo tipo— invita a leer esa cláusula con atención.

En materia de control, el proyecto establece que el Tribunal de Cuentas tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para fiscalizar los actos y procedimientos derivados de la emergencia, y deberá comunicar sus conclusiones a ambas cámaras legislativas dentro de los 10 días de emitido el informe. Un artículo adicional precisa que el organismo de control deberá «tener en cuenta el carácter excepcional de la presente norma que prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones», una frase que, bien leída, es una señal de alerta sobre los márgenes que se abren cuando el Estado actúa en modo emergencia.

Los hechos y actos realizados por el Ejecutivo y sus funcionarios en el marco de la emergencia serán considerados dentro de los poderes explícitos e implícitos de la situación de excepción, y deberán comunicarse a las cámaras legislativas dentro de los 5 días de la entrada en vigencia de la ley.

La provincia de Santa Fe tiene una larga y dolorosa historia con las inundaciones. La catástrofe de 2003, cuando el Salado desbordó y anegó gran parte de la ciudad de Santa Fe dejando más de 20 muertos y decenas de miles de evacuados, marcó un antes y un después en la política hídrica provincial. Desde entonces, cada ciclo de El Niño reactiva la urgencia de contar con marcos legales que permitan actuar sin los tiempos burocráticos habituales.

El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para completar el trámite legislativo. Dado el consenso que suelen generar las emergencias climáticas en el recinto, no se esperan grandes resistencias. La pregunta que queda abierta, como siempre, es si la velocidad del Estado para gastar en emergencias será igual a la velocidad para rendir cuentas después.