Caso Riquelme en Rosario: el tribunal pidió investigar connivencia policial y penitenciaria

Un fallo que condena no siempre cierra todas las preguntas. A veces, las abre. Eso es exactamente lo que ocurrió con la sentencia contra Francisco Riquelme, el hombre condenado a prisión perpetua en mayo pasado por liderar una banda criminal que operó en el barrio Empalme Graneros, uno de los sectores más castigados por la violencia narco en el sur de Rosario.

El tribunal provincial que lo encontró culpable no se limitó a dictar la pena. En los fundamentos del fallo, los jueces dieron un paso más y recomendaron enviar copias de lo expuesto durante el debate al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de que se investigue la posible connivencia de agentes penitenciarios y policiales con el condenado.

La señal de alarma no surgió de la nada. Fue la propia defensa de Riquelme la que, durante el juicio, cuestionó un punto que el tribunal consideró digno de profundización: ¿cómo puede un recluso bajo custodia del Estado liderar una asociación ilícita desde adentro de una cárcel? La pregunta, lejos de favorecer al imputado, terminó abriendo una puerta que las autoridades judiciales decidieron no ignorar.

La lógica es tan simple como perturbadora. Si Riquelme comandaba una organización criminal mientras estaba detenido, alguien tenía que facilitarlo. Comunicaciones no autorizadas, información filtrada, libertad de movimiento dentro del penal que no debería existir. El tribunal entendió que esos interrogantes merecen una respuesta formal, y que esa respuesta no le corresponde a ellos sino al organismo acusador.

El barrio Empalme Graneros, ubicado en el extremo sur de Rosario sobre la traza del ex ferrocarril Belgrano, es desde hace años uno de los territorios más disputados por el crimen organizado en la ciudad. La presencia de bandas vinculadas al narcomenudeo y la violencia territorial tiene allí una historia larga, con víctimas que se acumulan y una comunidad que convive con el miedo como parte del paisaje cotidiano.

El caso Riquelme se inscribe en ese contexto. Su condena a perpetua representa un resultado judicial concreto en una ciudad que lleva años reclamando respuestas al crimen organizado. Pero la recomendación del tribunal agrega una dimensión que va más allá del individuo: pone el foco en el sistema que, presuntamente, pudo haber sido cómplice.

La connivencia institucional —cuando existe— es uno de los problemas más difíciles de combatir en cualquier sistema de seguridad. No porque sea imposible de detectar, sino porque requiere voluntad política real para investigar hacia adentro. Implica señalar a propios, no solo a ajenos. Y en una provincia como Santa Fe, donde los escándalos de corrupción policial tienen antecedentes documentados, la recomendación del tribunal no debería caer en saco roto.

Ahora la pelota queda en la cancha del MPA. El organismo deberá evaluar si abre una investigación formal a partir de los elementos que surgieron en el debate oral, identificar a los agentes que podrían estar involucrados y determinar si hubo o no una red de complicidades que permitió a Riquelme seguir operando desde la cárcel. No es una tarea menor, y los tiempos de la justicia argentina tampoco invitan al optimismo.

Lo que el fallo deja en claro, de todas formas, es que el problema del crimen organizado en Rosario no se resuelve solo con condenas individuales. Si las instituciones que deben contener a los delincuentes terminan siendo parte del engranaje, el diagnóstico es mucho más grave de lo que cualquier estadística de homicidios puede mostrar.