Actualizaron las prestaciones por discapacidad en Santa Fe: cuánto cobran ahora

El timing no es casual. Mientras en el Congreso Nacional se debate si se prorroga la emergencia nacional en discapacidad hasta finales de 2027, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial una actualización de los aranceles que cobran las prestadoras del sistema. Sube 1,70%, igual que el IPC de agosto. Ni un punto más, ni uno menos.

La medida, instrumentada a través de la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, alcanza sin distinción a todas las categorías del nomenclador: prestaciones educativas, de rehabilitación, transporte y alimentación. La lógica es la misma de siempre: el índice de precios manda, y el sistema acompaña. O intenta acompañar.

Entre los valores concretos que fija la resolución para septiembre de 2026, se destacan el módulo de rehabilitación con internación, que quedó en $5.982.158,61, y el módulo integral intensivo, que pasó a $183.890,72. Para el transporte, el valor fijado es de $915,31 por kilómetro, mientras que el módulo de alimentación quedó en $5.015,63. Además, se mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

El mes anterior, agosto, la actualización había sido del 2,10%, también calculada sobre el IPC. La tendencia a la baja en el porcentaje de ajuste refleja la desaceleración inflacionaria que viene registrando el país, aunque para las familias que dependen de estas prestaciones cada décima de diferencia se siente en el bolsillo.

¿Alcanza con atarle el aumento al IPC? Esa es la pregunta que nadie termina de responder con honestidad. La propia Ley 27.793, sancionada en 2025, prevé que se realice un estudio anual de costos de cada prestación, precisamente porque el índice de precios al consumidor no siempre captura todos los componentes del costo real de un servicio de salud o educación especializada. Ese estudio existe en la letra de la ley; en la práctica, su implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente.

En paralelo, la Cámara de Diputados comenzó esta semana el tratamiento de un proyecto para prorrogar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La discusión no es menor: define el marco legal bajo el cual funcionará todo el sistema de prestaciones el año que viene, incluyendo el esquema de aranceles y las obligaciones de las obras sociales, prepagas y el Estado.

La legislación vigente establece que los valores deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la Ley 24.901, lo que en teoría elimina las diferencias entre lo que paga una obra social y lo que paga otra. En la práctica, las prestadoras de todo el país, incluyendo las de la región de Rosario y Santa Fe, siguen reportando demoras en los pagos y valores que no cubren los costos operativos reales.

El sistema de discapacidad en Argentina es uno de los más complejos y sensibles del entramado social. Involucra a cientos de miles de familias, a prestadoras que van desde grandes instituciones hasta profesionales independientes, y a un Estado que debe garantizar derechos mientras administra una economía que todavía no termina de estabilizarse. Actualizar por IPC es lo mínimo. El debate de fondo, el que se está dando en el Congreso, es si ese mínimo alcanza para sostener un sistema que no puede darse el lujo de colapsar.