La ley anti barras llega a Diputados en pleno Mundial: qué penas propone el Gobierno

El timing no es casual. En pleno Mundial de Fútbol, con la Argentina en el centro del mundo y las hinchadas en modo festivo, el Gobierno eligió este miércoles para empezar a mover la pieza que más le duele al poder paralelo del fútbol argentino: la llamada «ley anti barras». La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rodríguez Machado, convocó a funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de una iniciativa que, si prospera, modificaría el Código Penal de raíz.

El proyecto no es nuevo. Lo diseñó la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su núcleo es claro: crear un nuevo tipo especial de asociación ilícita para las organizaciones delictivas ligadas al deporte. Traducido al cristiano: que ser barra brava organizado tenga el mismo peso legal que integrar una banda criminal. Porque, en los hechos, eso es exactamente lo que son.

Las penas que propone el proyecto son escalonadas y van desde lo menor hasta lo grave. Entre uno y cuatro años para quien dañe bienes en un espectáculo deportivo. De tres años y medio a seis para quien porte armas blancas, piedras o botellas. De cuatro a ocho años para quien introduzca elementos inflamables o tóxicos. Y de cuatro a diez años para quien lleve armas de fuego o explosivos a una cancha. La distribución y reventa ilegal de entradas, ese negocio millonario que nadie quiere ver, también tiene su castigo: dos a seis años de prisión.

Pero el punto que más va a hacer ruido en los pasillos de AFA y en las oficinas de los clubes es otro: las penas para los dirigentes. El proyecto habilita investigar y sancionar con hasta seis años de prisión a aquellos que entreguen entradas, mantengan vínculos económicos irregulares o colaboren de cualquier forma con las barras. No es un detalle menor. Es apuntar al corazón del sistema.

Y acá aparece el elefante en la habitación. Según trascendió, existen sospechas de que la propia Asociación del Fútbol Argentino habría entregado pasajes de avión y entradas a grupos de barrabravas de distintas hinchadas para el Mundial. No sería la primera vez: el mismo patrón se repitió en anteriores torneos mundiales. Si el proyecto avanza, ese tipo de conductas dejaría de ser una práctica tolerada para convertirse en un delito con nombre y apellido.

Los fundamentos del Ejecutivo son contundentes en un punto que suele ignorarse: las barras no solo actúan en las canchas. «Los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro», dice textualmente el proyecto. Es decir, el Estado reconoce oficialmente lo que cualquier vecino de barrios como Tablada o Empalme Graneros sabe de memoria: la barra es una estructura criminal que opera los 365 días del año, no solo los domingos de partido.

¿Va a alcanzar con una ley? La pregunta es legítima. Argentina tiene décadas de legislación sobre violencia en el fútbol —la Ley 23.184 data de 1985— y las barras siguen siendo un poder fáctico dentro del deporte más popular del país. La diferencia que promete este proyecto es el enfoque: dejar de tratar a las barras como un problema de orden público y empezar a tratarlas como lo que son, crimen organizado.

El debate recién empieza. Habrá presiones, habrá lobbies, habrá dirigentes que van a hacer todo lo posible para que el artículo sobre connivencia quede en el camino. Lo que está claro es que el Gobierno eligió el peor momento para las barras —y el mejor para la opinión pública— para poner este tema sobre la mesa. Con el Mundial de fondo, nadie puede decir que la violencia en el fútbol no existe.