Santa Fe perdió casi 3.000 empresas y 16.000 empleos en 29 meses de gestión Milei

Los números no mienten, aunque al gobierno de Javier Milei le cueste reconocerlos. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la provincia de Santa Fe perdió 2.916 empresas y 15.930 puestos de trabajo registrados. Son casi tres mil unidades productivas que cerraron sus puertas y más de dieciséis mil laburantes que quedaron afuera del mercado formal en apenas 29 meses. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que procesó los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

No son estadísticas abstractas. Detrás de cada empresa que cierra hay un dueño que hipotecó su casa para arrancar, empleados que pierden el sueldo, familias que ajustan el presupuesto, barrios que se quedan sin comercios. Detrás de cada puesto de trabajo perdido hay un trabajador que deja de aportar al sistema previsional, que pierde la obra social, que empieza a buscar changas para llegar a fin de mes. Santa Fe, una de las provincias más industrializadas y productivas del país, está pagando un precio altísimo por el experimento libertario.

El informe del Cepa toma como punto de partida el inicio de la gestión de Milei, en noviembre de 2023, y llega hasta los datos más recientes disponibles, correspondientes a abril de 2026. La fuente es la SRT, organismo oficial que registra los empleadores y los trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo, lo que lo convierte en uno de los termómetros más confiables del empleo formal en Argentina. No hay margen para cuestionar la metodología: son datos del propio Estado.

El contexto no es menor. Santa Fe es la tercera economía provincial del país, con un entramado productivo que va desde la agroindustria del Gran Rosario —el complejo oleaginoso más grande del mundo— hasta la industria metalmecánica, el comercio, los servicios y las pymes de todo el interior. Que en ese contexto se hayan perdido casi 3.000 empresas en menos de dos años y medio habla de un daño estructural que no se repara de un día para el otro.

Desde el movimiento sindical rosarino, la lectura es clara: el ajuste fiscal que pregona la Casa Rosada se traduce en caída del consumo, contracción del mercado interno y cierre de empresas que dependían de la demanda popular. Cuando el Estado recorta jubilaciones, congela salarios de empleados públicos y elimina subsidios, la plata que no circula es la plata que no entra en el almacén, en la ferretería, en el taller mecánico del barrio. La cadena de daño es directa y predecible.

En Rosario, la ciudad más grande de la provincia, el impacto se siente en los locales vacíos de los centros comerciales, en los carteles de «se alquila» que proliferan en avenidas que antes eran vidrinas de actividad económica. Las cámaras empresariales llevan meses advirtiendo sobre la caída en las ventas y la dificultad para sostener plantillas de personal ante costos que no bajan y una demanda que se retrae.

Lo que el informe del Cepa pone en blanco sobre negro es que el famoso «superávit fiscal» que el gobierno celebra como un logro histórico tiene un costo humano concreto: 15.930 santafesinos que perdieron su empleo registrado, 2.916 empresas que dejaron de existir. Ese es el precio que paga el pueblo trabajador de Santa Fe por el equilibrio de las cuentas públicas nacionales. Y es un precio que nadie eligió pagar.

La pregunta que queda flotando es cuánto más puede aguantar el tejido productivo provincial antes de que el daño sea irreversible. Los sindicatos, las cámaras pymes y los economistas críticos del ajuste vienen advirtiendo desde hace meses que hay un punto de no retorno. Los números del Cepa sugieren que ese punto puede estar más cerca de lo que el oficialismo quiere admitir.

Con información de: La Capital