Rosario: colegios profesionales y la Caja de Ingenieros pelean contra decreto municipal

Una disputa que mezcla desregulación, previsión social y autonomía municipal tiene en vilo a los colegios profesionales de Rosario. El Decreto Municipal 706/2026, firmado en abril de este año, eliminó la obligación de que ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra presenten una constancia de aportes previsionales al día para acceder a permisos de edificación y obras particulares en la ciudad. Lo que para el Palacio de los Leones es modernización del Estado, para la Caja de Previsión Social de Ingeniería y los colegios profesionales es lisa y llanamente un ataque al sistema jubilatorio de sus afiliados.

La pelea ya tiene dos frentes: la Justicia provincial y la calle. Este jueves, la Caja y los colegios convocaron a una concentración en la Plaza 25 de Mayo —el corazón cívico de Rosario, frente al Palacio Municipal— para hacer visible su rechazo. No fue un acto menor: los profesionales de la ingeniería y la arquitectura son actores centrales en una ciudad que vive de la construcción y el desarrollo inmobiliario.

En el plano judicial, el expediente pasó por varios despachos hasta llegar al juez Mauro Raúl Bonato, de la Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario, quien dictaminó que el decreto no genera perjuicios ni contradice leyes provinciales. Sin embargo, los demandantes son claros: no es un fallo de fondo, la controversia sigue abierta y el amparo continúa su curso.

El decreto cuestionado deroga dos artículos del Decreto 126 de 2024, que exigía una certificación de aportes previa al colegio profesional para otorgar el permiso de obra, y otra definitiva como condición para el final de obra. La Municipalidad se apoya en la autonomía municipal consagrada por la reforma de la Constitución santafesina para justificar la medida, argumentando que su rol se limita a verificar que haya un profesional habilitado responsable de la obra, y que no le corresponde garantizar el pago de aportes jubilatorios.

Los profesionales, en cambio, sostienen que el municipio no puede avanzar sobre una Caja jubilatoria sin poner en riesgo su sustentabilidad. El número que manejan es contundente: la norma pone en peligro el futuro de más de 9.000 afiliados, que dependen no solo de sus jubilaciones sino también de los servicios médicos que financia la Caja. Además, denuncian que el Decreto 706 va contra la esencia de la Ley Araya —la histórica Ley Provincial 4114 de 1951—, que regula los honorarios profesionales de la ingeniería y disciplinas afines, y que aunque fue parcialmente desregulada, sigue siendo referencia base del sector.

En el otro lado de la grieta profesional, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda se alinearon con la decisión municipal. Para estas corporaciones, el decreto agiliza y destraba las actividades del sector, que históricamente se quejó de la burocracia en los permisos de obra rosarinos.

El Palacio de los Leones también salió a aclarar que, mediante un decreto posterior, asumió la obligación de exigirles a los profesionales un certificado habilitante para realizar trámites. El argumento oficial es que esto, paradójicamente, le facilita a la Caja previsional determinar cuándo un profesional asume un trabajo y así poder reclamarle los aportes correspondientes por la vía que le compete.

El trasfondo del conflicto es más profundo que una pelea burocrática. En Rosario, donde la construcción privada es uno de los motores económicos más dinámicos, cualquier modificación en los requisitos de obra tiene impacto directo en miles de profesionales y en el financiamiento de sus sistemas de seguridad social. La pregunta que queda flotando es si la desregulación municipal, en nombre de la eficiencia, puede terminar desfinanciando estructuras previsionales que el Estado provincial tardó décadas en consolidar.