“Es un chiste”: ex titular del SPF responde imputación narco en Rosario

La ex interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, salió a responder por la imputación que la vincula con la comunicación narco desde las cárceles. Lo hizo en el stream El Ciudadano Política y convirtió la entrevista en un descargo público contra la decisión del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.

La ex funcionaria fue procesada en octubre de este año por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La acusación central es que, durante su gestión, no impidió que los líderes de organizaciones criminales narco siguieran comunicándose con sus bandas desde las unidades penitenciarias.

En la entrevista, Garrigós de Rébori calificó de “chiste” la exigencia legal sobre los inhibidores de señal y apuntó contra los fiscales de la Procunar por lo que considera una persecución judicial selectiva.

La ex jueza recordó que integró por 42 años el Poder Judicial de la Nación y que durante 25 años fue jueza penal. “Si hubiera creído que estaba cometiendo un delito, hubiera actuado de otra manera”, sostuvo, y remarcó que no está de acuerdo con la imputación.

Su defensa se apoya en el contexto de la pandemia. Dijo que fue nombrada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios en plena emergencia sanitaria, cuando los penales estaban aislados, no había vacunas, tratamientos ni suficientes respiradores y el personal penitenciario se movía entre su casa y el trabajo con alto riesgo de contagio.

Según relató, la situación en los penales fue gravísima. En la unidad de Devoto, dijo, hubo un motín que terminó con la muerte de dos personas. Además, el juez federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el penal de Ezeiza, allanó el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, procesó a toda la dirección y al director.

Por eso, explicó, su nombramiento como subsecretaria vino acompañado con una intervención, hasta normalizar la situación. Aseguró que el subsecretario no tiene firma ni autoridad para tomar decisiones urgentes en una emergencia de esa magnitud.

Sobre los celulares, Garrigós de Rébori sostuvo que era imposible controlar que no ingresaran a las unidades penitenciarias. Afirmó que ninguno de los hallazgos mencionados en la causa se produjo cuando ella era interventora, porque durante la pandemia no hubo visitas y no había posibilidad de que alguien trajera teléfonos para los detenidos.

Dijo que se pusieron computadoras en los penales para que los detenidos mantuvieran relación con abogados y familias, y que todas esas computadoras las manejaba el Servicio Penitenciario. También reconoció que, por la ley de ejecución, las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con sus familiares mediante teléfonos públicos con tarjetas, y que esa comunicación es privada.

“Solamente con orden de un juez se puede intervenir”, sostuvo, porque estar privado de libertad no quita el derecho a la privacidad en las relaciones familiares y con el abogado. En ese marco, dijo que probablemente en los teléfonos directos hayan hablado, pero sin orden judicial el Servicio Penitenciario no puede intervenir.

El descargo público llega en medio de una causa que vuelve a poner en el centro el debate sobre el control de las comunicaciones en las cárceles y el avance narco. ¿Quién controla a quien controla? La ex funcionaria no solo se defiende: también busca marcar que la imputación no tiene en cuenta las limitaciones reales de su gestión.