Condenaron a la 'banda de los contadores' de Casilda por estafa fiscal millonaria
El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario condenó a tres hombres de Casilda que montaron una red de 150 usinas para emitir casi 40.000 facturas apócrifas por casi 11 mil millones de pesos, generando un fraude al IVA de más de 1.800 millones. Dos de los condenados recibieron cuatro años de prisión y el contador involucrado, tres años en suspenso con inhabilitación profesional.
Una red de 150 empresas fantasma, casi 40.000 facturas electrónicas truchas y un fraude al fisco que superó los 1.800 millones de pesos en crédito fiscal de IVA. Así operó durante seis años la organización criminal que la Justicia federal de Rosario acaba de condenar y que el expediente judicial bautizó como "la banda de los contadores", por la profesión de uno de sus integrantes.
El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, homologó esta semana el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las defensas de los tres imputados con los fiscales federales Federico Reynares Solari, Ignacio Falconi y María Virginia Sosa. La sentencia marca uno de los casos de asociación ilícita tributaria más significativos registrados en la región en los últimos años.
Los condenados son Marcelo Frontini y Gabriel Acosta, ambos oriundos de Casilda, quienes recibieron cuatro años de prisión como autores del delito de asociación ilícita tributaria. El tercer integrante, el contador público Guillermo Pigozzi, fue considerado partícipe secundario y condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, más una inhabilitación especial de seis años para ejercer la contaduría pública.
La maniobra se extendió entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024, período durante el cual la organización emitió 39.195 comprobantes electrónicos apócrifos a través de 150 usinas creadas con ese fin, por un monto neto de $10.948.592.132. Esas operaciones generaron un crédito fiscal de IVA de $1.652.546.622, según registros de ARCA —el organismo que reemplazó a la ex AFIP.
Pero la maquinaria no se detuvo ahí. En los últimos meses de actividad, entre enero y mayo de 2024, la banda también emitió 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por casi $997 millones adicionales mediante otras 9 usinas apócrifas, lo que sumó un crédito fiscal de IVA extra de $166.341.748. En total, el perjuicio al erario público superó los 1.818 millones de pesos solo en IVA evadido.
La organización operaba principalmente en Casilda y Sanford, dos localidades del sur santafesino ubicadas en el departamento Caseros. El esquema consistía en crear empresas ficticias —las llamadas "usinas"— que emitían facturas electrónicas por servicios o mercaderías que nunca existieron. Las empresas receptoras de esas facturas las usaban para inflar su crédito fiscal y así reducir o anular su obligación tributaria frente al IVA, un mecanismo clásico de evasión que el fisco lleva años intentando combatir con tecnología y cruce de datos.
La investigación se desencadenó a partir de una detección técnica clave: la ex AFIP Rosario advirtió que diversas personas jurídicas realizaban operaciones desde una misma dirección IP, lo que resultaba incompatible con la actividad comercial legítima que declaraban. A partir de ese hilo, la Unidad Fiscal Rosario ordenó una serie de medidas que incluyeron escuchas telefónicas, tareas de campo e identificación de los equipos informáticos vinculados a los comprobantes. Los allanamientos se concretaron en junio de 2024 y permitieron recolectar prueba suficiente para sostener la acusación.
Al momento de dictar sentencia, el juez Facciano también ordenó el decomiso de bienes de los condenados: un Audi A4, una Ford Ranger Limited, $1.318.000 en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento y comunicación. Los activos decomisados reflejan apenas una fracción del beneficio económico que habría generado la organización durante sus seis años de actividad.
El caso pone en evidencia la sofisticación creciente de los esquemas de evasión tributaria y la importancia del cruce de datos digitales para detectarlos. En un contexto donde el gobierno nacional avanza en la consolidación fiscal y el ajuste del gasto, casos como este recuerdan que el otro lado de la ecuación —el ingreso genuino al fisco— también requiere vigilancia activa. La evasión no es una víctima sin rostro: es un costo que pagan todos los contribuyentes que sí cumplen.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero evadió la banda de los contadores de Casilda?
La organización emitió facturas apócrifas por casi 11 mil millones de pesos y generó un fraude al IVA de más de 1.818 millones de pesos entre 2018 y 2024.
¿Qué penas recibieron los condenados de Casilda por las facturas truchas?
Marcelo Frontini y Gabriel Acosta recibieron 4 años de prisión. El contador Guillermo Pigozzi fue condenado a 3 años en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer su profesión.
¿Cómo detectó el fisco la maniobra de las facturas apócrifas?
La ex AFIP Rosario advirtió que múltiples empresas operaban desde una misma dirección IP, lo que era incompatible con actividad comercial legítima. Eso disparó la investigación que culminó con allanamientos en junio de 2024.