Gobierno debe transferir $2,5 billones para universidades por orden judicial
La Justicia ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley de financiamiento universitario antes del viernes. El oficialismo apelará nuevamente el fallo y alega falta de fondos sin comprometer el equilibrio fiscal.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo estableció un plazo que vence este viernes para que el gobierno de Javier Milei transfiera 2,5 billones de pesos destinados al ajuste salarial de docentes y no docentes universitarios, según informó El Ciudadano.
La medida judicial ratifica la vigencia de la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 con mayoría agravada tras el veto presidencial. La norma establece una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, más una cláusula de ajuste mensual automática.
Fuentes de Casa Rosada confirmaron que presentarán una nueva apelación este mismo viernes ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Si el recurso extraordinario es rechazado, el Ejecutivo recurrirá con una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo mantiene su posición de que cumplir con la ley comprometería el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la gestión libertaria. Varios funcionarios salieron al unísono argumentando la falta de fondos para la erogación sin afectar las metas fiscales del gobierno.
La legislación también garantiza la actualización de gastos de funcionamiento universitarios según la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales. Además, protege programas como las becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, considerados clave para la salud pública.
El conflicto se intensificó cuando el gobierno intentó suspender la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la norma no especificaba el origen de los fondos. Esta decisión generó una serie de amparos judiciales por parte de universidades y gremios, que denunciaron abandono presupuestario del Estado.
La estrategia judicial del Ejecutivo ha consistido en apelar sistemáticamente cada amparo favorable a las instituciones educativas. Los abogados oficiales sostienen que la Justicia carece de facultades para interferir en la política económica o forzar gastos que pongan en riesgo el superávit fiscal.