Estudio de la UNR vincula agroquímicos con abortos espontáneos en Santa Fe

Una investigación que llevó diez años y fue publicada este mes en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba encendió una nueva alarma sobre los efectos del modelo agroindustrial en la salud de los santafesinos: las tasas de aborto espontáneo en el primer trimestre del embarazo se multiplicaron por 2,4 entre 2008 y 2018 en nueve localidades de la provincia rodeadas de campos pulverizados con plaguicidas.

El estudio, liderado por investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR —entre ellos el reconocido médico Damián Verzeñassi—, analizó los antecedentes reproductivos de 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años mediante encuestas censales realizadas por estudiantes del último año de Medicina durante sus Campamentos Sanitarios, una instancia de examen final que los capacita durante tres meses para el relevamiento en terreno.

De los 2.870 embarazos registrados en el período, el 87% culminó en nacimientos y el 13% en pérdidas gestacionales. De esas 369 pérdidas, 285 ocurrieron en el primer trimestre. La evolución es contundente: la tasa de pérdidas en mujeres menores de 30 años pasó de 4,1% a 12,8%, mientras que en mayores de 31 años trepó de 11,1% a 19,8% a lo largo de la década estudiada.

El hipotiroidismo aparece como un factor de riesgo adicional y preocupante. Su prevalencia entre las encuestadas fue del 11,9%, con una incidencia que también se multiplicó por 2,5 veces en el mismo período. El estudio establece que las mujeres con hipotiroidismo tienen un riesgo de aborto espontáneo 40% mayor que el resto, ajustado por edad, lo que sugiere una cadena de efectos donde la exposición a agroquímicos podría estar afectando la función tiroidea y, a través de ella, la capacidad reproductiva.

Las localidades relevadas —ocho con menos de 6.000 habitantes y una, San Jorge, con aproximadamente 19.000— tienen en común una característica determinante: la mayoría de sus residentes vive a menos de 400 metros de los campos fumigados. En San Jorge, cerca de la mitad de los encuestados se encontraba entre los 400 y los 1.000 metros de distancia.

El contexto nacional que describe el informe es igualmente inquietante. Según estimaciones de la FAO para 2023, Argentina aplica 6,3 kg de agroquímicos por hectárea cultivada, más del doble que Estados Unidos (2,8 kg) y casi el doble que Francia (3,7 kg). El glifosato es el más utilizado, pero el problema va más allá: de los 340 ingredientes activos autorizados en el país, 120 no tienen aprobación en la Unión Europea, lo que implica que Argentina permite sustancias que mercados más exigentes rechazan por sus riesgos sanitarios.

A eso se suma otro dato que el propio informe señala como una deuda del Estado: no existen datos oficiales actualizados sobre los volúmenes de agroquímicos utilizados en el país. Una omisión que, en términos de política pública, equivale a operar a ciegas sobre uno de los sectores productivos más importantes de la economía argentina.

Los investigadores advierten que los efectos de los plaguicidas no se limitan al objetivo de ataque —malezas, hongos, insectos— sino que las derivas por tierra, aire y agua los convierten en un factor de riesgo para la salud humana tanto por intoxicación aguda como por exposición crónica. La vulnerabilidad es mayor en mujeres embarazadas y en el feto en desarrollo.

El trabajo suma evidencia a un debate que en Santa Fe lleva décadas sin resolución institucional: la tensión entre un modelo agroindustrial que genera divisas y empleo, y los costos sanitarios que recaen sobre las comunidades rurales que conviven con las fumigaciones. Los números de esta investigación no son una opinión: son diez años de datos recogidos casa por casa, en localidades que el mapa económico suele ignorar.