Facturas truchas por $10.900 millones: condenaron en Rosario a la "banda de los contadores" de Casilda

Seis años de fraude sistemático al fisco, 150 empresas fantasma, casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas y un perjuicio al Estado de más de $10.900 millones. Así operó la llamada "banda de los contadores", una organización ilícita con base en Casilda y Sanford que acaba de recibir su condena en los tribunales federales de Rosario.

El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, homologó el acuerdo alcanzado entre las defensas de los tres imputados y los fiscales federales Federico Reynares Solari, Ignacio Falconi y María Virginia Sosa. El resultado: dos condenas a cuatro años de prisión y una tercera a tres años en suspenso con inhabilitación profesional.

Los condenados son Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta, considerados autores del delito de asociación ilícita tributaria, y el contador público Guillermo Pigozzi, quien fue declarado partícipe secundario. A Pigozzi le fijaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional más una inhabilitación especial de seis años para ejercer la contaduría, una sanción que apunta directamente al corazón del negocio ilegal: la credencial profesional que le daba legitimidad a la maniobra.

Según la investigación, la organización emitió 39.195 comprobantes electrónicos a través de 150 usinas apócrifas por un monto neto de $10.948.592.132 entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024. Esas operaciones generaron un crédito fiscal de IVA de $1.652.546.622. Pero la maniobra no terminó ahí: también emitieron 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por casi $1.000 millones adicionales mediante otras 9 usinas apócrifas, con un crédito de IVA extra de $166.341.748, según registros de ARCA —el organismo que reemplazó a la AFIP.

El mecanismo era tan simple como dañino: empresas de papel emitían facturas por servicios o mercaderías que nunca existieron. Los compradores de esas facturas las usaban para inflar sus costos, reducir su base imponible y reclamar devoluciones de IVA que el Estado nunca debió haber pagado. Un robo en cámara lenta, ejecutado con herramientas digitales y conocimiento técnico del sistema tributario.

La investigación salió a la luz con una serie de allanamientos en junio de 2024 e incluyó escuchas telefónicas y extensas tareas de campo. El punto de quiebre fue la detección, por parte de la entonces AFIP Rosario, de que diversas personas jurídicas operaban desde una misma dirección IP, generando miles de facturaciones desde un único nodo. Un error operativo que desató toda la investigación.

Al momento de dictar sentencia, el juez Facciano ordenó el decomiso de un Audi A4, una Ford Ranger Limited, $1.318.000 en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento y comunicación. Los frutos del fraude, confiscados.

El caso es un recordatorio brutal de algo que los liberales venimos señalando hace años: la presión impositiva récord que aplasta a las empresas argentinas no solo destruye empleo y competitividad, también genera un ecosistema fértil para este tipo de evasión organizada. Cuando el Estado exige demasiado, el mercado negro de facturas florece. La solución no es más AFIP ni más fiscales —aunque en este caso hicieron bien su trabajo—, sino un sistema tributario que no empuje a los contribuyentes al límite.

Con información de: La Capital, Rosario3.