Femicidio en Piamonte, Santa Fe: mataron a Lucrecia Zarmati pese a la restricción perimetral

Una orden de restricción perimetral vigente. Una mujer que había dado los pasos que el sistema le pedía. Y aun así, Lucrecia Edit Zarmati fue asesinada el viernes por la tarde en plena calle, en la localidad de Piamonte, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Tenía 55 años y su muerte vuelve a abrir una herida que no cierra: ¿para qué sirven las medidas de protección si no se cumplen?

Según la investigación a cargo del fiscal Dr. Carlos Zoppegni de la Unidad Fiscal 150 de San Jorge, el agresor, Ricardo Domingo Ellena, de 64 años, embistió a Lucrecia con su automóvil Peugeot 208 mientras ella circulaba en bicicleta por la calle Caseros al 750. No conforme con eso, la atacó en la vía pública con un arma blanca, provocándole heridas mortales. Ambos estaban separados desde hacía meses y sobre Ellena pesaba una orden de restricción perimetral que, en los hechos, no sirvió de nada.

Tras el ataque, el agresor huyó hacia una vivienda cercana donde intentó quitarse la vida provocándose cortes en el cuello. La policía, guiada por un rastro de sangre, lo encontró escondido en un casillero de gas. Actualmente se encuentra internado bajo custodia y fue intervenido quirúrgicamente en el SAMCo de El Trébol. Las pericias están a cargo de la P.D.I.

Lucrecia no era solo una víctima. Era una mujer con historia, con compañeras, con militancia. Trabajaba como asistente escolar en la Escuela N.º 278 de Piamonte y era una activa delegada de ATE Santa Fe, el sindicato de trabajadores del Estado. Sus compañeras la recuerdan por su compromiso incansable con la defensa de los derechos laborales y, especialmente, de los derechos de las mujeres. Esa doble dimensión —la de trabajadora organizada y la de mujer que enfrentaba violencia de género— hace que su muerte golpee con fuerza particular en el movimiento sindical.

Desde ATE Santa Fe no tardaron en pronunciarse con un comunicado que mezcla el dolor con la exigencia política: «Exigimos justicia, una investigación con perspectiva de género y el máximo rigor de la ley para el responsable. También reclamamos políticas públicas efectivas que garanticen protección real frente a las situaciones de violencia de género. Lucrecia, presente. Ahora y siempre.»

La frase final del comunicado sindical no es un recurso retórico vacío: es una denuncia. Porque Lucrecia había hecho lo que se supone que hay que hacer. Se separó. Denunció. Obtuvo una medida cautelar. Y el Estado, en algún punto de esa cadena, falló. No es la primera vez. En Argentina, según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», una mujer es asesinada cada 29 horas en promedio, y en muchos de esos casos existían denuncias previas o medidas de protección que no se tradujeron en resguardo real.

Piamonte es una pequeña localidad del departamento San Martín, a unos 200 kilómetros al noroeste de Rosario, con poco más de 2.000 habitantes. En comunidades chicas, la violencia de género suele quedar más expuesta —todos se conocen— pero también más silenciada, porque las redes de contención son más frágiles y el agresor suele tener vínculos con las mismas instituciones que deberían proteger a la víctima.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal 150 de San Jorge, que deberá determinar si hubo negligencia en el control del cumplimiento de la restricción perimetral. La pregunta que se hacen las compañeras de Lucrecia, y que debería hacerse todo el sistema judicial y político, es cuántas Lucrecias más tienen que morir antes de que las medidas de protección sean algo más que un papel.

Con información de: El Ciudadano Web