Fentanilo contaminado en Santa Fe: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

La causa por el fentanilo contaminado dio este martes un giro que muchos esperaban y que la Justicia tardó demasiado en dar: dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) quedaron detenidas por orden del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, en el marco de una investigación que ya acumula más de 114 muertes en todo el país.

Las detenidas son Nélida Agustina Bisio, quien ocupó un cargo de responsabilidad dentro del organismo regulador, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Ambas estaban en funciones cuando los laboratorios vinculados al empresario Ariel García Furfaro elaboraron y distribuyeron las ampollas adulteradas que llegaron a hospitales, clínicas y sanatorios de distintos puntos del país. Mantecón Fumadó había renunciado en agosto de 2025 y Bisio en enero de 2026, pero la Justicia las alcanzó igual.

La investigación está conducida por el juez federal Ernesto Kreplak, quien busca determinar cómo miles de ampollas de fentanilo contaminado circularon por el sistema sanitario argentino sin las verificaciones correspondientes. La pregunta que sobrevuela el expediente es brutal en su simpleza: ¿cómo es posible que un medicamento de uso hospitalario, de los que se aplican en quirófanos y unidades de cuidados intensivos, llegara adulterado a pacientes sin que nadie lo detectara a tiempo?

La mayoría de las víctimas fatales se concentran en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, lo que convierte esta causa en un asunto de primer orden para Rosario y la región. Familias enteras que perdieron a sus seres queridos en lo que debería haber sido una intervención de rutina esperan respuestas que el Estado les debe hace meses.

En paralelo a las detenciones, el juzgado presentó un requerimiento para conocer las entradas y salidas de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025, dos empresas que aparecen en el centro de la trama de distribución del producto. La investigación apunta a reconstruir toda la cadena: desde la elaboración hasta la llegada a los pacientes, pasando por los controles que debieron existir y no existieron.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, indicaron que están colaborando con la Justicia y que ya entregaron la documentación solicitada relacionada con movimientos administrativos. Un gesto que llega tarde, pero que al menos no obstruye.

De acuerdo con sus defensores, las dos exfuncionarias serán indagadas en las próximas horas, instancia en la que se les comunicarán formalmente los cargos que se les atribuyen. La causa sigue abierta y apunta a establecer responsabilidades que van más allá de las personas detenidas hoy: el sistema de control sanitario argentino falló de manera catastrófica, y eso tiene nombres, apellidos y cargos institucionales.

Lo que está en juego no es solo la suerte judicial de dos exfuncionarias. Es la credibilidad de un organismo del Estado que existe precisamente para evitar que esto ocurra. Cuando el Estado no controla, los que pagan el precio son los de siempre: los pacientes que van a un hospital público o a una clínica sin saber que el medicamento que les van a aplicar puede matarlos.

Con información de: La Nación, Rosario3, La Capital.