Filicidios en Argentina: qué hay detrás y qué puede hacer el Estado para prevenirlos

Lo que más duele no es solo la muerte. Es que, en casi todos los casos, alguien sabía. Un vecino que escuchó, un docente que vio, un médico que atendió. Y sin embargo, los niños murieron igual. Eso es lo que está detrás de la palabra filicidio: un crimen que casi nunca llega sin aviso.

En Argentina no existe una estadística nacional específica que registre cuántos niños son asesinados por sus propios padres. Los casos aparecen en los medios, en expedientes judiciales, en registros de homicidios, pero no hay un número oficial que permita dimensionar el fenómeno en tiempo real. Y esa ausencia no es un detalle menor: sin datos, no hay patrones; sin patrones, no hay prevención posible.

Desde la Asociación Civil Morelli, organización dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes, vienen siguiendo de cerca la situación. Su referente, el Dr. Gustavo Mira, advirtió que los últimos tres meses muestran una concentración de casos que merece atención urgente. "Vemos que siempre hay episodios de violencia doméstica", señaló en diálogo con Rosario3.

Los casos recientes son escalofriantes. En junio, un padre de General Lagos —localidad del sur santafesino— provocó la muerte de sus dos hijos, de 4 y 10 años, mediante monóxido de carbono, y luego se suicidó. También en junio, Thiago Altamirano, un niño de dos años de Salta, ingresó al sistema de salud con lesiones graves y murió después. La Justicia investiga a su madre y a la pareja de ella, y también analiza las actuaciones estatales previas al fallecimiento.

En agosto la lista siguió creciendo. En San Justo, Santa Fe, Izán Aguirre, de seis años, murió por asfixia y su madre permanece detenida. La autopsia determinó que fue una muerte violenta. En Rafael Calzada, Néstor Rubén Godoy se presentó ante la Policía y confesó el asesinato de su hijo Nahuel, de 12 años, quien tenía autismo. Y en Tucumán, Oscar Mauricio Sosa mató a su hijo de ocho años —también con autismo severo— y luego se quitó la vida, dejando una carta explicando sus motivos.

¿Qué tienen en común estos casos? Según Mira, casi siempre aparecen los mismos factores: abandono, violencia doméstica, consumo problemático y problemas de salud mental. También contextos de vulnerabilidad social. "Siempre pasa lo mismo: hay situaciones de abandono, los vecinos saben, los vecinos escuchan, los vecinos denuncian", afirmó.

Y ahí está el nudo del problema. Porque cuando los vecinos denuncian, algo pasa —o debería pasar. La Policía concurre, los organismos de protección intervienen, se hace un monitoreo. Pero después, en demasiados casos, los chicos vuelven al mismo hogar. "Muchas veces pasa que rescatan a los niños de esos hogares, se hace un monitoreo y quince días después dejan los chicos ahí de nuevo", denunció Mira. ¿Cuántas veces tiene que fallar el sistema antes de que alguien asuma la responsabilidad?

Para la Asociación Morelli, uno de los principales problemas está en la evaluación del riesgo: los criterios para determinar si un niño puede o no regresar a su entorno familiar son, en muchos casos, insuficientes o mal aplicados. El Estado tiene actores en todos los niveles —docentes, pediatras, servicios de protección, Policía, Justicia— pero la cadena se rompe en algún eslabón, y cuando se rompe, las consecuencias son irreversibles.

La ausencia de estadísticas nacionales sobre filicidios no es solo un problema técnico. Es una decisión política. Un país que no mide un fenómeno está eligiendo, de alguna manera, no verlo. Y los niños que mueren en esa invisibilidad merecen, al menos, que alguien los cuente.