Rectores de UNR y UNL acusan al gobierno de incumplir la ley de financiamiento universitario

Los rectores de las dos principales universidades nacionales de la región salieron a cruzar al gobierno de Javier Milei por lo que califican como un incumplimiento sistemático de la ley de financiamiento universitario. Franco Bartolacci, al frente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), coincidieron en que la administración libertaria no solo ignora la norma vigente sino que además incumple las paritarias acordadas con el sistema universitario nacional.

El reclamo no es nuevo, pero adquiere mayor urgencia en el contexto del segundo semestre de 2026, cuando las universidades nacionales enfrentan un cuadro presupuestario que, según los propios rectores, compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio: desde el pago de salarios docentes y no docentes hasta el mantenimiento de infraestructura y el financiamiento de la investigación científica.

Bartolacci y Tarabella cuestionaron que el Ejecutivo nacional elija no aplicar una ley sancionada por el Congreso, lo que en términos institucionales representa una tensión directa entre los poderes del Estado. La ley de financiamiento universitario, aprobada en 2024 con amplio respaldo legislativo y luego vetada parcialmente por Milei, establecía mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales atados a la inflación. El veto presidencial fue uno de los episodios más resonantes del conflicto entre el gobierno libertario y el sistema universitario público.

Desde la Casa Rosada, la postura no ha variado: el equilibrio fiscal es innegociable y cualquier incremento del gasto universitario debe encontrar financiamiento dentro del propio presupuesto educativo, sin ampliar el déficit. Para la gestión Milei, las universidades nacionales son organismos que deben someterse a la misma lógica de austeridad que el resto del Estado, sin privilegios corporativos.

Pero los números que manejan los rectores cuentan otra historia. La UNR, una de las universidades más grandes del país con más de 90.000 estudiantes y una oferta de más de 100 carreras, viene arrastrando un deterioro presupuestario real que se profundizó con la aceleración inflacionaria de los últimos años. Lo mismo ocurre con la UNL, con sede central en Santa Fe y una fuerte presencia en toda la región litoral.

El incumplimiento de las paritarias es el otro eje del conflicto. Los gremios docentes y no docentes universitarios vienen denunciando que los aumentos acordados no se transfieren en tiempo y forma, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo sostenida para los trabajadores del sistema. Este punto es especialmente sensible porque afecta directamente la continuidad de las clases y la estabilidad institucional de las universidades.

El debate sobre el financiamiento universitario en Argentina tiene una dimensión política que va más allá de los números. La universidad pública gratuita es uno de los pilares identitarios del sistema educativo argentino y cualquier recorte real —aunque no se llame recorte— genera una reacción social inmediata. Las marchas universitarias de 2024 movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país y pusieron al gobierno a la defensiva en uno de los pocos temas donde la opinión pública mostró una posición clara y mayoritaria.

Lo que está en juego no es solo el presupuesto de dos universidades del interior. Es la discusión sobre qué modelo de Estado quiere la Argentina: uno que financia educación superior pública como inversión estratégica, o uno que aplica las mismas reglas de mercado a todos los organismos públicos sin distinción. Esa pelea, lejos de resolverse, acaba de entrar en una nueva etapa.