Rector de la UNR Franco Bartolacci cruza a Milei por ajuste universitario

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, escaló el conflicto con el gobierno nacional tras la intimación del Ministerio de Capital Humano que exige a las facultades garantizar el dictado de clases durante los días de paro. El también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó el requerimiento como una "provocación" y exigió al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario.

La polémica se desató cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió una nota formal a los rectores de todo el país pidiendo informes detallados sobre los planes de contingencia para asegurar la regularidad académica de los estudiantes afectados por las prolongadas huelgas docentes.

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, Bartolacci confirmó que responderán formalmente al requerimiento gubernamental, pero cuestionó duramente las intenciones de la administración libertaria. "Le sugiero al gobierno que abandone la provocación sistemática y se aboque a resolver el problema que además es de su responsabilidad, empezando por cumplir la ley que hace más de 180 días que fue aprobada", expresó el rector rosarino.

El dirigente universitario denunció el severo desfinanciamiento que padece el sistema educativo superior: "Las transferencias al sistema universitario del 2023 a la fecha cayeron un 45,6%. Estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0,4% del PBI", precisó Bartolacci, quien además lidera el organismo que nuclea a todas las universidades públicas del país.

De forma tajante, el rector cuestionó el mecanismo de presión oficial: "Es bastante insólito y algo perverso transferir la mitad de los recursos e intimar a que cuentes si todo está funcionando como si nada hubiese pasado", sentenció.

Frente a las versiones oficiales que indicaban que los docentes no adherentes a las medidas de fuerza no podían ejercer su labor, Bartolacci fue categórico: aseguró que los profesores que desean trabajar tienen libertad absoluta de hacerlo y que se trata de una decisión individual o de cada cátedra.

El titular de la UNR consideró que el planteo gubernamental "intenta generar un manto de sospecha respecto de lo que sucede en el ámbito universitario" con el único fin de desviar la atención del incumplimiento de la ley de financiamiento, una normativa que ya cuenta con fallo judicial favorable y no compromete fiscalmente al Estado.

La situación salarial que motiva los reclamos es alarmante: más del 60% de la docencia en todas las universidades públicas percibe ingresos mensuales inferiores a los $600.000. El panorama es aún más crítico en los escalafones iniciales, donde los docentes cobran algo más de $150.000, mientras que el personal no docente en su tramo inicial percibe alrededor de $650.000 mensuales.

"No pedimos privilegios, sino ingresos dignos por la tarea de formar profesionales", remarcó Bartolacci, quien insistió en que el conflicto se resolvería cumpliendo con la normativa ya aprobada por el Congreso Nacional.