Estudio de la UNR vincula fumigaciones en Santa Fe con abortos espontáneos e hipotiroidismo

Lo que el campo produce también puede cobrar un precio. Un informe del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario acaba de poner sobre la mesa datos que incomodan: en nueve localidades santafesinas con fuerte actividad agrícola, las mujeres sufren más abortos espontáneos de lo que debería considerarse normal. Y eso no es todo.

El médico e investigador Facundo Fernández, integrante del equipo que elaboró el estudio, lo dijo sin rodeos este jueves en declaraciones a LT8: junto al aumento de interrupciones involuntarias del embarazo, el relevamiento también encontró "cifras muy altas en casos de hipotiroidismo" entre la población de esas comunidades. Dos patologías. Un denominador común: la exposición sistemática a agroquímicos.

El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta la glándula tiroides y altera el metabolismo, el estado de ánimo y la fertilidad, entre otras funciones vitales. Su presencia elevada en zonas rurales fumigadas no es una casualidad que la ciencia pueda ignorar. Varios estudios internacionales ya habían señalado la relación entre ciertos pesticidas —en especial el glifosato y los organofosforados— y la disrupción del sistema endocrino, que regula precisamente las hormonas tiroideas.

¿Cuántas familias de esas localidades llevan años conviviendo con esto sin que nadie les explique por qué sus cuerpos fallan? Esa es la pregunta que este informe pone sobre la mesa, y que las autoridades provinciales y municipales van a tener que responder.

El trabajo fue realizado desde el Instituto de Salud Socioambiental, una unidad académica de la UNR que desde hace años investiga el impacto de los modelos productivos sobre la salud de las comunidades. No es un panfleto ambientalista: es ciencia universitaria con metodología, datos y nombres propios. El tipo de informe que debería llegar al escritorio de cada intendente de la región sojera de Santa Fe.

Las nueve localidades relevadas no fueron identificadas en el adelanto periodístico, pero el patrón que describe el estudio es el de tantos pueblos del interior santafesino: campos que llegan hasta el límite del ejido urbano, aviones y mosquitos que fumigan a metros de las casas, y vecinos que durante años reclamaron sin que nadie midiera nada. Ahora alguien midió.

El debate sobre los agroquímicos en Santa Fe tiene décadas de historia y muy pocas resoluciones concretas. Las ordenanzas de distancias mínimas de fumigación se aprueban, se impugnan, se incumplen. Los productores defienden sus métodos. Los vecinos de los bordes rurales acumulan historias de enfermedades que no terminan de explicarse. Y el Estado, en sus distintos niveles, suele llegar tarde o no llegar.

Este informe de la UNR no cierra el debate: lo reabre con evidencia nueva. Y eso, en un tema donde la negación fue durante mucho tiempo la respuesta oficial, ya es un paso que no es menor. Lo que venga después —si hay políticas, si hay controles, si hay justicia sanitaria para esas comunidades— depende de decisiones que exceden a los investigadores. Depende de la política. Y la política, en estos temas, tiene un historial para el que no alcanza el optimismo.