Granja Tres Arroyos despidió a 260 empleados por la gripe aviar en Entre Ríos

Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola de la Argentina, despidió a 260 trabajadores de su planta industrial La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La firma notificó formalmente las desvinculaciones argumentando una caída crítica de su actividad provocada por los brotes de influenza aviar que afectaron al país en los últimos meses.

La medida implica una reducción del 25% del personal de esa planta, que contaba con 900 empleados. En los telegramas de despido, la dirección de la compañía invocó una «grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad».

Según la empresa, los brotes de gripe aviar registrados en el territorio nacional derivaron en el cierre de fronteras comerciales y bloquearon el acceso a mercados internacionales clave, entre ellos China, uno de los principales destinos de las exportaciones avícolas argentinas. Ese bloqueo sanitario generó, según el documento patronal, «una reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación».

La firma sostuvo que antes de llegar a los despidos aplicó medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, y justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para «posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo». El argumento es clásico en situaciones de crisis empresaria: proteger el todo sacrificando una parte. La pregunta que queda abierta es si esa lógica alcanza cuando detrás hay deudas que superan ampliamente la capacidad operativa.

Y es que el conflicto gremial no es más que la superficie visible de un problema financiero de fondo. Granja Tres Arroyos arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia actualmente con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos. A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, desde cuando viene afrontando sus obligaciones «de manera escalonada y en cuotas» y ejecutando un programa de retiros voluntarios.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió el proceder patronal en un comunicado, calificándolo de «artero e insensible». El gremio fue contundente: los despidos «no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis» y advirtió que los trabajadores no quieren «ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal».

La FTIA también reveló que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal, lo que agrava el conflicto desde el punto de vista sindical, y denunció que los empleados «vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios», con el consecuente impacto en la vida familiar de cientos de hogares entrerrianos.

El caso de Granja Tres Arroyos pone sobre la mesa una tensión que no tiene respuesta fácil: cuando una empresa enfrenta una crisis de origen externo —en este caso, una emergencia sanitaria con consecuencias comerciales reales—, ¿hasta dónde puede trasladar el costo a sus trabajadores? La gripe aviar fue un shock real para el sector, pero la magnitud del pasivo acumulado sugiere que los problemas estructurales de la compañía preceden a la pandemia aviar. Los 260 despedidos de Concepción del Uruguay pagan hoy una cuenta que tiene múltiples deudores.