Hidrovía: en septiembre llega la nueva concesionaria y promete cambiar todo

El reloj ya corre. En la primera quincena de septiembre, el grupo conformado por Jan de Nul y Servimagnus tomará posesión formal de la concesión del servicio de dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, la arteria fluvial más estratégica de la Argentina y una de las más importantes de toda Sudamérica. Para Rosario y la región, esto no es un dato menor: por esta vía pasa la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.

El cambio no es solo administrativo. Lo que se pone en marcha es un proceso de transformación que, en menos de cinco años, llevaría la profundidad del canal de navegación troncal a 40 pies desde Timbúes hasta el océano. Hoy el canal opera con restricciones que obligan a los buques a salir con carga parcial, lo que implica pérdidas millonarias para el complejo exportador que tiene su epicentro en el Gran Rosario.

Pero la profundización del canal es solo una parte del paquete. El contrato, firmado por 25 años con posibilidad de extenderse por un lustro adicional, contempla además un cambio tecnológico de fondo en los sistemas de señalización, monitoreo y control de la vía navegable. Balizas más modernas, mayor capacidad de seguimiento en tiempo real, y una infraestructura de gestión que busca acercar a la hidrovía argentina a los estándares de las grandes vías fluviales del mundo.

¿Y los 42 y 44 pies? Ahí la cosa se pone más interesante. El contrato también prevé la realización de estudios de factibilidad sobre una eventual profundización adicional del canal. La propia concesionaria, sin embargo, advierte que ese paso debe ser abordado con extremo cuidado: los impactos ambientales, la dinámica del río y la ingeniería de semejante obra requieren análisis que van mucho más allá de la voluntad política o comercial.

Jan de Nul es una empresa belga con décadas de experiencia en obras de dragado a escala global, presente en proyectos en Europa, Asia y América Latina. Servimagnus, su socio local, aporta el conocimiento del terreno y los vínculos con el ecosistema portuario argentino. La combinación no es casual: el pliego de licitación exigía capacidad técnica internacional con anclaje nacional.

La hidrovía Paraná-Paraguay tiene más de 3.400 kilómetros de extensión y conecta a Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por el tramo argentino circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, en su mayoría granos, aceites y subproductos del complejo sojero que tiene en el Gran Rosario su principal polo de procesamiento. Cada pie de profundidad adicional en el canal equivale a cientos de toneladas más de carga por barco, lo que se traduce directamente en competitividad y divisas.

La transición desde la gestión anterior —que estuvo en manos del consorcio liderado por Emepa y luego operada de manera provisoria— no estuvo exenta de tensiones. Hubo meses de incertidumbre sobre las condiciones del nuevo contrato, debates sobre las tarifas de peaje y presiones de distintos sectores del agro y la industria naval. Que finalmente se llegue a esta instancia con fecha concreta es, en sí mismo, una noticia.

Lo que viene ahora es la prueba real. Tomar el control de una vía navegable de esta complejidad, con el caudal del Paraná como variable impredecible y los intereses de cinco países en juego, no es tarea sencilla. La región va a estar mirando de cerca cada movimiento de la nueva concesionaria. Y con razón.