Tortura seguida de muerte en Santa Fe: imputan a seis policías por matar a un detenido

Lo que pasó en la comisaría Octava de Santa Fe no se olvida fácil. Un hombre de 35 años entró esposado a un calabozo y salió en una bolsa. Y hay seis policías que, según la Justicia, son los responsables.

Mauro Daniel González estaba atravesando una crisis subjetiva el sábado 17 de enero de este año cuando alguien pidió presencia policial en las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú. Lo que vino después fue una secuencia de brutalidad documentada por el fiscal Ezequiel Hernández ante la jueza Cecilia Labanca en una audiencia realizada este viernes en los tribunales de la capital provincial.

Los primeros en llegar fueron los agentes Lucas Aranda y Melisa Díaz, del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I. Según el fiscal, en lugar de llamar a personal sanitario —como exigen los protocolos para casos de crisis de salud mental—, los uniformados sujetaron a González violentamente, lo tiraron al piso y le colocaron esposas. Después llegaron los otros: Facundo Sebastián Amarillo, Sebastián Daniel Bandirali y Sabrina Petion. Entre todos lo golpearon mientras estaba en el suelo, indefenso.

Lo que siguió es todavía más grave. Un familiar presente en el lugar les advirtió a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal reciente. La respuesta, según Hernández, fue la contraria a la esperada: actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor. Lo arrojaron a la caja de una camioneta policial y siguieron golpeándolo durante el traslado. Dentro del vehículo, le dieron puñetazos y golpes con un bastón o escopeta.

"Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta", afirmó el fiscal. No es una frase retórica: González llegó a la comisaría con al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, incluyendo la fractura de una costilla. Estaba prácticamente inconsciente.

¿Y qué hicieron los policías con un hombre en ese estado? En lugar de llevarlo a un hospital, pasaron primero por una estación de servicios, luego por la sede de Medicina Legal en 1° Junta al 2.800, y finalmente lo ingresaron a un calabozo de la comisaría Octava, en General Paz al 7.300. Lo dejaron solo, sin asistencia médica. Unas horas después, Mauro González estaba muerto.

El sexto imputado es Juan Cruz Barros, del Cuerpo Guardia de Infantería, acusado de vejaciones calificadas por el grave daño a la salud de la víctima. En tanto, el agente Amarillo enfrenta además cargos por un hecho separado: coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños, lo que sugiere que también habría intentado alterar documentación oficial vinculada al caso.

Los cinco del Comando fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, una figura del Código Penal que contempla penas de entre 15 y 25 años de prisión cuando el resultado es el fallecimiento de la víctima. No es homicidio culposo, no es exceso en el uso de la fuerza: es tortura. La Justicia lo llama por su nombre.

El caso pone sobre la mesa una pregunta que en Rosario y en toda la provincia se viene haciendo hace años: ¿cuántos controles reales existen sobre lo que pasa dentro de una comisaría? González no era un preso condenado. Era un hombre en crisis que pidió —o alguien pidió por él— ayuda del Estado. Lo que recibió fue lo opuesto.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares para los imputados quedó pendiente de fecha. Mientras tanto, los seis policías enfrentan cargos que podrían derivar en prisión preventiva.

Con información de: El Ciudadano, La Capital.