Imputaron a dos exjefes policiales por proteger narcos en Venado Tuerto

Dos exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron imputados este jueves por encubrir el accionar de narcotraficantes en el sur de la provincia de Santa Fe. Se trata del exjefe y el exsubjefe de la División Microtráfico, identificados por sus iniciales como DHG y BND, quienes habrían utilizado sus cargos para garantizarle impunidad a personas condenadas o investigadas por la venta de drogas.

Las imputaciones se formalizaron en dos audiencias celebradas ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué, con la participación del Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, Franco Carbone; el fiscal Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella. Ambos habían sido detenidos la semana pasada en el marco de seis allanamientos simultáneos.

Según explicó el fiscal Lagioia, al exjefe DHG se le atribuye haber filtrado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por narcotráfico. "Aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, le advirtió al vendedor de droga que se iban a realizar allanamientos", detalló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El accionar delictivo habría comenzado en marzo de este año y se extendió hasta el momento de las detenciones, con el objetivo de frustrar las diligencias judiciales y garantizarle impunidad al narcotraficante.

El caso del exsubjefe BND resulta igualmente grave. La fiscal Stampella relató que durante un allanamiento realizado el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado ingresó por sus propios medios antes de que lo hiciera el grupo táctico, apuntando con su arma y gritando: "Afuera o los quemo". El objetivo era facilitar la fuga de un hombre que tenía prohibición judicial de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes. Para completar el encubrimiento, el exsubjefe no confeccionó el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del sospechoso y de su huida.

A pesar de que los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados, el juez Baravalle resolvió que transiten el proceso con medidas cautelares no privativas de la libertad. Al exjefe DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. Al exsubjefe BND, en tanto, se le exigió constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana en la Oficina de Gestión Judicial. A ambos se les prohibió salir del país, ingresar a dependencias policiales, portar armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas en la causa.

Los delitos imputados al exjefe incluyen encubrimiento doblemente agravado —por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave—, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos. El caso se enmarca en los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del MPA, que desde hace años apunta a desmantelar no solo las redes de microtráfico sino también las complicidades institucionales que les permiten operar.

La causa expone una vez más la cara más oscura de la corrupción policial: no se trata de agentes que miran para otro lado, sino de funcionarios que usaron activamente su posición para proteger a los mismos delincuentes que debían perseguir. Para las comunidades del sur provincial, donde el narcomenudeo golpea con fuerza a los barrios populares, este tipo de connivencia representa un daño doble: el de la droga en sí y el de saber que quienes debían cuidarlos estaban del otro lado.