Imputaron a siete cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe por abusar y golpear a un compañero

Siete cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron imputados este martes por el violento ataque contra un compañero de 19 años ocurrido la semana pasada en el interior de la Escuela Penitenciaria N° 7 "Marcos Sánchez", ubicada en el complejo de Las Flores, en la capital provincial. Los acusados permanecen detenidos y el próximo viernes se definirá si continúan privados de su libertad durante el proceso.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación, les atribuyó los delitos de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas y lesiones leves. La calificación inicial contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión por el abuso, aunque podría modificarse a medida que avance la investigación.

De acuerdo con lo que explicó la fiscal tras la audiencia, el hecho ocurrió cuando la víctima ingresó a un cuarto para cambiarse. "Lo tiran al piso y lo empiezan a patear y golpear. Después lo empiezan a manosear por debajo de los pantalones", relató Moser Ferro. Los siete imputados tienen entre 18 y 29 años y durante la audiencia de este martes cuatro de ellos prestaron declaración, sosteniendo que no habían estado en el lugar donde ocurrió el ataque.

La investigación cuenta con el testimonio de tres cadetes que intervinieron para frenar la agresión y rescatar al joven, lo que constituye un elemento clave para la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, la fiscal advirtió que no hay cámaras de seguridad en el sector donde ocurrió el episodio, lo que obliga a continuar con otras medidas de prueba para determinar la responsabilidad individual de cada acusado.

Uno de los aspectos más perturbadores del caso es la posibilidad de que el ataque no haya sido un hecho aislado. Aunque en un principio surgió la hipótesis de que podría tratarse de una práctica de iniciación, la fiscal descartó esa lectura específica porque la víctima llevaba tiempo en la institución. No obstante, Moser Ferro fue contundente: "Se ve que era una práctica muy común". La propia víctima le manifestó que ese tipo de situaciones eran habituales dentro de la escuela, aunque la fiscal aclaró que deberá volver a entrevistarlo para profundizar en ese contexto.

La denuncia que dio origen a la causa fue realizada por el subdirector del Servicio Penitenciario, quien la remitió a la Policía y desde allí fue comunicada al 0800 del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, la Fiscalía no trabaja con otros antecedentes similares dentro de la institución, aunque la eventual investigación sobre responsabilidades de tutores o custodios podría quedar en manos del área de Delitos Complejos, ya que la intervención de Moser Ferro está concentrada en el delito contra la integridad sexual.

La fiscal manifestó su expectativa de que los acusados permanezcan detenidos, aunque remarcó que la decisión final corresponde al juez o jueza interviniente. "Espero que no queden en libertad, pero esa no es una decisión que dependa de la fiscalía", sostuvo. Entre los argumentos para sostener la prisión preventiva, Moser Ferro señaló que los imputados son jóvenes que quedaron sin trabajo y que podrían trasladarse a otro lugar, lo que representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación. Respecto de su continuidad en la institución, indicó que existiría un decreto de separación, aunque no pudo precisar qué ocurrirá si recuperan la libertad.

El caso pone en el centro del debate las condiciones de formación y convivencia dentro de las instituciones de seguridad provincial, y la necesidad de mecanismos efectivos de control interno para prevenir situaciones de violencia entre cadetes.