Industriales de Santa Fe reclamaron en el Senado condiciones para competir ante la apertura económica

La industria santafesina llegó al Senado de la Nación con un diagnóstico crudo y sin eufemismos: el sector manufacturero provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, aplastado entre una pérdida de competitividad estructural y una retracción del mercado interno que no da señales de revertirse. El reclamo fue claro: si se abre la economía, que al menos se den las condiciones para pelear de igual a igual.

Este martes, en el marco de la charla-debate "Una agenda para el desarrollo nacional: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?", realizada en el Senado nacional, Mariano Ferrazini, tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), subió al estrado para poner sobre la mesa el estado de situación de la industria provincial y trazar una hoja de ruta de propuestas concretas. No fue un acto de protocolo: fue una señal de alarma.

El escenario que describió Ferrazini es el que cualquier recorrida por los parques industriales de Rosario, Rafaela o Santo Tomé confirma a simple vista: plantas que reducen turnos, pymes que no renuevan contratos, maquinaria parada. La combinación de un dólar que abarata importaciones, tasas de interés que todavía castigan el crédito productivo y una demanda interna deprimida está generando un cóctel explosivo para el tejido fabril santafesino.

Santa Fe no es un dato menor en este mapa. La provincia es una de las más industrializadas del país, con un entramado que va desde la agroindustria del Gran Rosario —el complejo oleaginoso más grande del mundo— hasta la metalmecánica del centro provincial, pasando por la industria alimentaria, la química y el calzado. Que sus industriales salgan a pedir piso de condiciones en el Congreso habla de la magnitud del problema.

La apertura económica que impulsa el gobierno de Javier Milei es el telón de fondo del reclamo. La baja de aranceles y la desregulación acelerada pueden tener sentido en un esquema de largo plazo, pero los industriales santafesinos advierten que aplicarla sobre una industria que ya venía golpeada —por años de cepo, distorsiones cambiarias y presión impositiva— es como mandar a correr una carrera a alguien con una pierna rota. La competencia externa, en ese contexto, no es competencia: es demolición.

Desde FISFE, la entidad que nuclea a las cámaras industriales de toda la provincia y que tiene una historia de más de siete décadas de representación del sector, las propuestas apuntan a varios frentes: reducción de la carga impositiva sobre la producción, acceso a financiamiento en condiciones razonables, políticas activas de reconversión industrial y una transición ordenada —no abrupta— hacia la apertura. Nada que no se haya pedido antes, pero que cobra urgencia en este contexto.

El dato que más preocupa es el empleo. La destrucción de puestos de trabajo industriales no solo tiene un impacto inmediato en los trabajadores y sus familias: desarma capacidades instaladas que después cuesta años reconstruir. Una planta que cierra no reabre de un día para el otro. Un técnico especializado que se va a otro rubro no vuelve fácilmente. Eso es lo que los industriales santafesinos intentaron que los senadores entiendan este martes.

La presencia de Ferrazini en el Senado también tiene una lectura política que no hay que soslayar. Santa Fe viene reclamando hace meses que la Nación le debe plata —por coparticipación, por obra pública frenada, por fondos de seguridad— y que las políticas nacionales golpean desproporcionadamente a una provincia que aporta mucho y recibe poco. El reclamo industrial se suma a ese coro, y le da una dimensión económica concreta a lo que a veces queda en disputa política abstracta.

El gobernador Maximiliano Pullaro viene insistiendo en que Santa Fe necesita reglas claras para producir e invertir. Sus industriales, este martes, fueron a decirlo directamente al Congreso.