Isla de los Mástiles: ocupación ilegal e incendio en Rosario

El extremo norte de la Isla de los Mástiles, conocido como Punta Armado, metros aguas arriba del puente Rosario Victoria, volvió a ser escenario de un conflicto ambiental. Varias personas desembarcaron el miércoles con una retroexcavadora, mesas, sillas y más mobiliario en una zona de dominio público y acceso libre.

Puesteros, kayakistas y colectivos ambientales lo calificaron como un intento de ocupación ilegal. Informaron al Ministerio de Ambiente de la provincia. Al día siguiente, personal de esa área y efectivos de Los Pumas llegaron al lugar.

Tras constatar tareas sin documentación pertinente ni autorización, ordenaron cesar los trabajos y retirar todo. Ya hay un pedido de informes para saber si alguna autoridad habilitó esa intervención en un ambiente que debe mantenerse en su estado natural.

Un día después de frenada la intrusión, que produjo alteraciones en el terreno, hubo un incendio en la punta sur de la isla. El episodio renovó las alarmas en una de las pocas zonas de acceso libre que quedan en el humedal.

La Isla de los Mástiles es una de las pocas que a esta altura del río Paraná no pertenece a Entre Ríos sino a Santa Fe. La provincia cedió en comodato la parte sur, unas 427 hectáreas, en 1997 a Granadero Baigorria; en 2003, la mitad norte, alrededor de 387 hectáreas, a Capitán Bermúdez.

El compromiso de ambos municipios fue preservar el humedal y resguardar su biodiversidad de emprendimientos particulares o intervenciones que alteren su frágil equilibrio ambiental. El episodio ocurrió en el extremo norte, administrado por Capitán Bermúdez.

En principio, se trató de un intento directo de consolidar una ocupación ilegal en un área natural que el municipio tiene la obligación de conservar. Sin confirmación oficial, quienes avisaron mencionan como responsables a los dueños de un conocido parador.

Poco antes del mediodía del jueves, agentes de Los Pumas llegaron por disposición del Ministerio de Medio Ambiente. Una mujer que se presentó como responsable dijo que tenían un convenio con la Municipalidad de Capitán Bermúdez para instalar un parador turístico.

Los efectivos le transmitieron que, por orden del secretario de Ambiente, Alejandro Luciani, y como no había estudio de impacto ambiental ni autorización provincial, debían cesar el movimiento de suelo y desmonte y retirar la maquinaria y los elementos ya colocados.

Las actuaciones pasaron al Ministerio de Producción de Santa Fe. En Capitán Bermúdez, Lucio Addino, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un pedido de informes y un reclamo al Ejecutivo local para que «se identifique al empresario que violentó el territorio y se lo sancione con medidas ejemplares».

Además, solicitó la actuación del juez de Faltas de la ciudad. En el Concejo, le dijo a El Ciudadano, el tema se tratará el próximo martes.

El episodio no es aislado. En julio del año pasado, Granadero Baigorria abrió una licitación pública para otorgar la concesión del parador «Puerto Pirata» por 30 años, medida que generó una fuerte controversia.

El Ejecutivo local argumentó que regularía una actividad ya existente bajo normativas propias. Los colectivos ambientales respondieron que el comodato provincial prohíbe fines de lucro comercial o enajenación de tierras públicas y habilita únicamente el «aprovechamiento comunitario».