Paro docente y Ley de Propiedad Privada: la doble apuesta del Gobierno nacional

El Gobierno nacional arranca agosto con una doble apuesta política: contener el paro docente de este lunes con inspecciones y amenazas de sanciones, y al mismo tiempo empujar en el Senado dos proyectos que considera centrales para su modelo económico: la Ley de Propiedad Privada y el Súper RIGI.

El ministerio de Capital Humano confirmó que realizará inspecciones en los colegios de todo el país durante la jornada de huelga convocada por los gremios docentes, que coincide con el regreso a clases en las escuelas porteñas y bonaerenses, entre otras provincias. Los docentes que adhieran a la medida de fuerza podrían enfrentar sanciones, según advirtió la cartera que conduce Sandra Pettovello. La postura del oficialismo es clara: el derecho a huelga tiene límites cuando afecta el servicio educativo.

En paralelo, el oficialismo buscará el próximo jueves darle media sanción en el Senado a la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que ya generó polémica cuando intentaron tratarlo antes del receso invernal. La iniciativa, que habilitaría la venta de tierras a extranjeros bajo determinadas condiciones, es vista por el Gobierno como una herramienta para atraer capitales e inversiones al país. Sus críticos, en cambio, la encuadran como una amenaza a la soberanía territorial.

En la misma sesión, el oficialismo también buscará avanzar con el debate del Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apunta a profundizar las ventajas fiscales y regulatorias para proyectos de envergadura. Ambas iniciativas forman parte de lo que en Casa Rosada llaman la "agenda de agosto", diseñada para recuperar impulso legislativo tras el receso invernal.

Detrás de esta ofensiva política aparece la figura de Santiago Caputo, el asesor de comunicaciones del Presidente, identificado como el arquitecto de la estrategia de estos meses. El plan consistió en sacar a Javier Milei del debate doméstico y proyectarlo como referente de la derecha en América Latina, incluyendo su intervención en la campaña electoral de Brasil en apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso, que busca frenar un eventual cuarto mandato de Lula da Silva.

El contexto interno, sin embargo, no es sencillo. Una encuesta de la consultora ARESCO revela que el 66% de los argentinos tiene una evaluación negativa de la economía, contra un 33% que la valora positivamente. El oficialismo confía en que el "derrame" económico llegará a tiempo para revertir ese humor social de cara a las elecciones de 2027.

A ese escenario se suma la tensión en la cúspide del poder: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió públicamente la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que ella insinuara que Milei padece una "paranoia política". Un cruce de una gravedad institucional que, en cualquier otro momento de la historia argentina, hubiera dominado la agenda durante semanas.

En ese marco, el Gobierno también avanza con la reforma de la carta orgánica del Banco Central, presentada por Milei con un discurso más político que técnico, orientado a explicar a la ciudadanía el vínculo histórico entre la emisión monetaria y la inflación. La apuesta es comunicacional: recuperar la agenda antes de que los adversarios políticos la deformen.