A 20 años de su desaparición: Jorge Julio López, la deuda impune de la democracia

Veinte años después, Jorge Julio López sigue desaparecido. Y el Estado argentino sigue sin dar respuestas. El 18 de septiembre de 2006, un albañil de 76 años salió de su casa en el barrio de Los Hornos, La Plata, rumbo al Palacio Municipal donde se desarrollaban los alegatos finales del juicio contra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Nunca llegó. Nadie fue condenado por eso. Dos décadas de democracia, y la impunidad sigue intacta.

La historia de López es la historia de una Argentina que no termina de cerrar sus heridas. Nacido en General Villegas, radicado en Los Hornos, militante peronista de oficio albañil, fue secuestrado la noche del 27 de octubre de 1976 durante un operativo en su barrio a cargo de los grupos de tareas que respondían al propio Etchecolatz, mano derecha del general de brigada Ramón Camps. Lo que vino después fue una pesadilla que duró casi tres años.

López pasó por varios centros clandestinos del llamado «circuito Camps»: el centro conocido como Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava de La Plata. Fue torturado con picana eléctrica bajo la dirección personal de Etchecolatz. Presenció el secuestro, tormento y fusilamiento de compañeros de su unidad básica: Patricia Dell'Orto, Ambrosio Francisco de Marco, Norberto Rodas y Alejandro Sánchez. El 4 de abril de 1977 su detención fue legalizada al quedar «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional» en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata, donde permaneció como preso político hasta su liberación el 25 de junio de 1979.

Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final entre 2003 y 2005, los juicios por crímenes de lesa humanidad se reabrieron. El 28 de junio de 2006, López declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata. Su testimonio fue devastador en precisión: fisonomías, nombres, apodos, roles, lugares. Identificó a Etchecolatz como su torturador y como el responsable directo de las ejecuciones de sus compañeros. Sus palabras fueron el sostén de la condena a prisión perpetua por genocidio. «Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», declaró López ante el tribunal. Pocas frases en la historia judicial argentina pesan tanto.

Tres meses después de ese testimonio, López desapareció por segunda vez. Vecinos y comerciantes lo vieron caminar por las calles de Los Hornos aquella mañana del 18 de septiembre. Los perros de rastreo siguieron su rastro hasta la intersección de las calles 135, 66 y 67, donde el rastro se cortó. Se presume que fue subido a un vehículo. Nadie vio nada más. O nadie quiso ver.

Lo que siguió fue una causa judicial que es, en sí misma, un símbolo del fracaso institucional. Primero caratulada como «averiguación de paradero» en el fuero provincial, luego unificada en el fuero federal bajo el expediente 16.060 FLP 509/2008, la causa tramita hoy en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, con la instrucción delegada desde 2009 en la Unidad Fiscal Federal dedicada a crímenes de lesa humanidad. Veinte años, múltiples juzgados, cero imputados.

Paradójicamente, la voz de López no desapareció con él. Sus declaraciones grabadas en las audiencias de 2006 siguieron siendo utilizadas como prueba en juicios posteriores, permitiendo condenas a represores como Julio César Garachico, Hugo Guallama, Jorge Bergés, Pedro Muñoz y Carlos Landoni. Un hombre desaparecido que desde el silencio forzado sigue aportando justicia. La ironía es brutal.

Este aniversario llega en un contexto en que el debate sobre la memoria, la verdad y la justicia vuelve a tensarse en Argentina. La desaparición de López en plena democracia, en medio de un juicio histórico, con testigos que lo vieron caminar, sigue siendo una pregunta sin respuesta que incomoda a todos los poderes del Estado que se sucedieron desde entonces. Veinte años es demasiado tiempo para no saber nada. O para fingir que no se sabe.