Policía de Rosario presa por filtrar datos de allanamientos en causa de microtráfico

Lo que pasó en Avellaneda el 29 de mayo no fue un error policial ni una casualidad: fue, según la Justicia, una traición deliberada desde adentro. Una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) le mandó un WhatsApp a uno de los blancos de un operativo antidrogas para avisarle que venían los allanamientos. El resultado fue predecible: la mayoría de los procedimientos dieron negativo.

Esta semana, el camarista Eduardo Bernacchia ratificó la prisión preventiva de la agente, identificada con las iniciales EEO, de 27 años, confirmando así la resolución que había dictado en primera instancia el juez Mauricio Martelossi. La mujer continuará a disposición del Servicio Penitenciario mientras avanza la investigación.

En el mismo expediente hay otro imputado: un oficial de la PDI que también permanece en prisión preventiva. Según la acusación, fue él quien le pasó a la suboficial la fecha exacta de los operativos, aun cuando ella estaba de licencia. Ella, a su vez, tomó el teléfono y alertó a uno de los residentes de los domicilios que iban a ser allanados. Una cadena de complicidades que, para el fiscal, no deja lugar a dudas.

La causa está en manos del fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General. Galleano subrayó que el camarista Bernacchia consideró que las evidencias reunidas hasta esta etapa son suficientes para acreditar, con el grado de probabilidad requerido, la materialidad del hecho. En criollo: hay pruebas concretas y la Justicia no está dispuesta a soltar a ninguno de los dos.

Pero la historia no termina en el WhatsApp. La investigación también detectó acciones posteriores destinadas a eliminar evidencias, lo que agrava el cuadro y sugiere que la maniobra no fue un impulso del momento sino algo más organizado. ¿Cuántos operativos anteriores pudieron haber sido comprometidos de la misma manera? Es la pregunta que, aunque no está en el expediente, flota en el ambiente.

A ambos agentes se les atribuye, en calidad de coautores, los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son cargos que, en este contexto, tienen un peso simbólico enorme: no son civiles que miraron para otro lado, son policías que usaron su acceso privilegiado a información reservada para proteger a quienes debían perseguir.

Santa Fe lleva años lidiando con la infiltración narco en sus fuerzas de seguridad. Cada vez que un caso como este sale a la luz, la discusión sobre los controles internos vuelve al centro de la escena y vuelve a quedar sin respuesta. La PDI, fuerza de elite dedicada a la investigación criminal, no puede darse el lujo de que sus propios agentes sean el eslabón más débil de la cadena. Esta vez la Justicia actuó rápido. La pregunta es si alcanza.