La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal Serjal en Rosario

Lo que pasó este miércoles en los tribunales de Rosario no es poca cosa: la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó, por mayoría, las condenas al exfiscal regional Patricio Serjal y al exempleado judicial Nelson Ugolini. El fallo cierra —al menos en esta instancia— uno de los capítulos más oscuros de la justicia santafesina en los últimos años.

La causa que los hundió no fue menor. La investigación logró desmantelar una asociación ilícita que operaba desde adentro del sistema judicial: le daba cobertura al juego clandestino en la ciudad y, a cambio, cobraba sobornos al empresario del rubro Leonardo Peiti. Dicho de otro modo: quienes debían perseguir el delito estaban en el negocio.

Serjal no era un fiscal de barrio. Como fiscal regional de Rosario, tenía bajo su órbita la supervisión de las investigaciones penales en una de las ciudades con mayor conflictividad del país. Que alguien en ese rol haya usado su posición para blindar una red ilegal de juego es, cuanto menos, una traición institucional de primer orden.

El fallo de la Cámara, dictado por mayoría, indica que no hubo unanimidad entre los jueces. Ese detalle no es menor: significa que algún integrante del tribunal tuvo reparos, ya sea sobre la calificación legal, la pena o algún aspecto procesal. Sin embargo, la mayoría fue suficiente para sostener lo que la primera instancia ya había establecido.

¿Cuánto daño hizo esta red mientras estuvo activa? Esa es la pregunta que sigue flotando. Porque una asociación ilícita con un fiscal regional adentro no solo protege el juego clandestino: también puede frenar investigaciones, desviar causas, y generar un manto de impunidad que va mucho más allá del negocio puntual que la originó.

El caso Serjal se convirtió con el tiempo en un símbolo de la corrupción enquistada en el sistema judicial santafesino, y su condena —ahora confirmada— es una señal, aunque tardía, de que las instituciones pueden funcionar. El problema es que para que funcionen, primero tuvo que romperse todo.

Ugolini, el exempleado judicial condenado junto a Serjal, representa la otra cara de la trama: la de los engranajes menores que hacen posible que una red así se sostenga en el tiempo. Sin esos eslabones intermedios, el esquema no cierra.

La confirmación de la condena no cierra el debate sobre el estado de la justicia en Santa Fe. Al contrario, lo reabre. Porque si una asociación ilícita pudo operar desde adentro del Ministerio Público de la Acusación durante el tiempo que lo hizo, la pregunta obligada es cuántas otras estructuras similares siguen activas, sin que nadie las haya tocado todavía.