La Corte de Santa Fe tumbó el tope jubilatorio y el gobierno salió con los tapones de punta

Lo que el gobierno de Santa Fe presentó como un pilar de la reforma previsional acaba de recibir un golpe judicial de proporciones. La Corte Suprema de Justicia provincial declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones más altas, ese límite que fijaba en 20 jubilaciones mínimas el máximo que podía cobrar cualquier jubilado del sistema provincial. Hoy, ese techo rondaba los 13 millones de pesos mensuales. El fallo lo voló por el aire.

La decisión se aprobó por mayoría: cuatro ministros a favor, tres en contra. Y ahí empezó el verdadero incendio. Porque desde el Ejecutivo santafesino no tardaron ni cinco minutos en salir a cruzar a los magistrados con una acusación que, si se confirma, es de las que marcan época: los cuatro jueces que votaron por la inconstitucionalidad —Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder— están jubilados, iniciaron sus trámites previsionales o están a punto de hacerlo. En criollo: habrían fallado a su propio favor.

El que salió a poner la cara fue el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, y no se guardó nada. "Es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer", disparó. Y fue más lejos: "Es injusta. Fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los siete resolvieron por sus intereses personales". Palabras que, viniendo de un funcionario del Ejecutivo sobre el máximo tribunal provincial, no son menores. Son una declaración de guerra institucional.

Según Boasso, el efecto concreto del fallo es que los demandantes podrán seguir cobrando haberes que superan el límite de la reforma, con montos que podrían trepar hasta los 18 millones de pesos mensuales. Cinco millones más que el tope que la ley intentaba imponer. Para el gobierno, eso es un agujero en el sistema que alguien va a tener que pagar.

Desde el otro lado del mostrador, el juez Eduardo Spuler no esquivó el debate. Ante los medios, fue directo: "¿Por qué voté así? Porque realmente entiendo que de esa manera se hace justicia. No de la otra. Es la verdad". Y agregó un dato que el gobierno preferiría ignorar: "Hasta la Corte Suprema de la Nación conoce y ya tiene sus fallos diciendo que el tope es totalmente inconstitucional". Difícil rebatirlo con un argumento jurídico. Por eso el gobierno eligió el argumento moral.

¿Tiene razón Boasso en cuestionar la ética de los jueces? La pregunta es legítima y merece una respuesta seria. En derecho existe el principio de excusación: un juez que tiene interés directo en el resultado de una causa debería apartarse. Si los cuatro magistrados de la mayoría son efectivamente beneficiarios del sistema que estaban juzgando, hay una discusión de fondo que la Justicia federal deberá resolver. Pero también es cierto que la Corte nacional ya marcó el camino sobre este tipo de topes, y ese antecedente no es menor.

La reforma previsional de 2024 fue impulsada por el gobierno provincial como una herramienta para frenar el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, uno de los sistemas provinciales más presionados del país. La idea era simple: poner un techo a los haberes más altos para aliviar la carga sobre el sistema. Pero desde el día uno, los sectores afectados —mayormente ex funcionarios, magistrados y profesionales con aportes elevados— fueron a la Justicia. Y hoy, la Justicia les dio la razón.

El Ejecutivo anunció que presentará un recurso de queja ante la instancia federal. La pelea, entonces, recién empieza. Y mientras tanto, la Caja de Jubilaciones santafesina sigue mirando el reloj, porque cada mes que pasa sin resolución definitiva es plata que sale del sistema.

El conflicto entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el Poder Judicial provincial no es nuevo, pero este fallo lo lleva a otro nivel. Cuando un secretario de Estado acusa públicamente a cuatro ministros del máximo tribunal de fallar en causa propia, estamos ante una crisis institucional que Rosario y toda la provincia deberían seguir de cerca. Porque lo que está en juego no es solo el bolsillo de algunos jubilados privilegiados: es la arquitectura del sistema previsional santafesino y, de paso, la relación entre los tres poderes del Estado.